Los 11 municipios del Camiño Francés preparan alegaciones a la ruta oficial que marca la Xunta

Hay, entre ellos, varios Ayuntamientos gobernados por el PP, pero ayer acordaron, todos a una, presentar alegaciones a la propuesta de delimitación del Camiño Francés que ha puesto en exposición pública la Xunta antes de aprobar el trazado definitivo de la ruta jacobea. Los 11 alcaldes de los municipios que atraviesa en Galicia la senda peregrina más transitada (7 de cada 10 caminantes la eligen) se reunieron ayer en Melide y fijaron la fecha del 30 de septiembre para volver a encontrarse con propuestas bajo el brazo que luego habrá que votar. Así se elaborará una lista común de reclamaciones, al margen de aquellas otras de cariz más local que cada uno de los Ayuntamientos prepara por su cuenta y todas las que, de forma particular, quieran presentar los vecinos afectados. Un día a la semana en cada municipio, técnicos de la Xunta se dedican a informar a los propietarios de tierras e inmuebles tocados por la ruta, que en bastantes ocasiones se desdobla y multiplica con varias alternativas.

Desde el año 92, sobrevive un trazado del Camino que la Xunta de Fraga aprobó apresuradamente, con la urgencia del Año Santo 1993, como provisional, a la espera de desarrollar más adelante uno definitivo para estos 153 kilómetros que caen dentro de Galicia. Esta delimitación oficial era necesaria para aplicar un marco de protección que impidiese cometer aberraciones medioambientales y estéticas en el entorno de la ruta. Después de 18 años de vacío legal en los que se siguió destruyendo el paisaje y los bienes del único itinerario jacobeo declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, ahora la Xunta ha completado el proceso de investigación iniciado por el bipartito.

Los demás Caminos tardarán todavía meses, en algunos casos más de un año, en ser expuestos, pero el Francés podrá ser revisado por todas las partes durante dos meses para que, en diciembre, pueda ser aprobada la traza definitiva. Con ella, el año que viene la Consellería de Cultura redactará las normas de protección.

El terreno que se verá afectado por estas restricciones, a ambos lados del Camino, tendrá un ancho variable, que puede llegar hasta los dos kilómetros para las normas ambientales y paisajísticas. Otro límite de menor anchura, de unos 200 metros, señalará los inmuebles y elementos del patrimonio que van a quedar afectados por una normativa arquitectónica. Los alcaldes del Camino llevan desde marzo solicitando ser recibidos por el presidente de la Xunta, pero a estas alturas de Año Santo aún no han tenido respuesta.