El PP ningunea el informe policial que le implica en el 'caso Brugal'

El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, del PP, imputado en el caso Brugal, que investiga una supuesta trama corrupta político empresarial, aseguró ayer en el pleno del organismo que "no tiene nada que esconder" y que la tramitación del plan zonal de basuras objeto de la investigación está avalada por los técnicos y ha sido "transparente". Por el contrario, los socialistas trazaron la "cronología de un amaño" para que el vertedero se ubicara en la finca La Pistola, sobre unos terrenos del empresario Ángel Fenoll. La contrata ha sido adjudicada a Enrique Ortiz. Ambos, al igual que Ripoll, están imputados en el caso.

El PP, ante la petición de la diputada socialista y portavoz en Orihuela, Antonia Moreno, de suspender la ejecución del multimillonario plan de residuos de La Vega Baja (360 millones de euros a lo largo de 20 años) al estar bajo "sospecha", desplegó toda una estrategia para ridiculizar y minusvalorar los informes policiales (con decenas de escuchas telefónicas, vídeos y documentos) con los que el juez basa la imputación de casi un centenar de personas, la mayoría políticos del PP que, supuestamente, recibieron prebendas a cambio de adjudicaciones.

La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, empezó apelando a la memoria histórica y se remontó a la época del gobierno de Joan Lerma y su apoyo a un vertedero en la zona, y tildó la postura de Moreno de "incoherente e irresponsable" porque no da una alternativa. "Entonces, metemos la basura en su casa", espetó Lorente, que una y otra vez se refirió al Informe Moreno o del PSOE porque "se lo han hecho a ustedes o se lo han pedido". Y es que el PP denuncia que una parte de la investigación está basada en los datos y la información que aportó el PSPV de Orihuela. "Lecciones de transpaciencia y de honradez, ni una", dijo Lorente.

Moreno acusó a Lorente de conocer de antemano que el destino final de la planta sería La Pistola, ya que lo anunció en un mitin días antes de las elecciones y se lo dijo a los vecinos, cuando estaba previsto que fuera a Albatera. Moreno considera que la planta "está bajo sospecha por la concurrencia de intereses políticos empresariales".

El día 24 se reunirá el consorcio de basuras para decidir si recurre la sentencia que declara nula la ubicación en la pedanía oriolana de Torremendo del vertedero. La moción socialista de parar la instalación fue rechazada por los 17 diputados del PP y los 13 socialistas votaron a favor. En el pleno los socialistas estrenaron portavoz, María Teresa Carbonell, que sustituye a Antonio Amorós, que dimitió del cargo por su imputación en el caso.