Valencia y Navarra preparan leyes para primar la custodia compartida

La custodia compartida se empieza a extender por la España de las autonomías. Los Parlamentos de la Comunidad Valenciana y de Navarra están tramitando leyes propias que establecen la prioridad de la custodia compartida de los hijos en caso de separación o divorcio cuando no exista acuerdo entre los padres. Son textos similares a la ley pionera de Aragón, que ha entrado en vigor hace unos días, y que podrían aprobarse este otoño.

Esas comunidades pueden legislar sobre la materia porque tienen derecho civil propio. Como Cataluña, que ya ha aprobado su ley, sin establecer la preferencia por la custodia compartida. O las islas Baleares, cuyo Parlamento está tramitando otro proyecto donde tampoco se establece esta prioridad. La ley aplicable en el resto de comunidades es el Código Civil, modificado en 2005 y que establece la custodia compartida como una situación "excepcional" que solo podrá acordarse por el juez si el fiscal informa a favor.

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De los dos textos en trámite, el que se encuentra más avanzado es el de Valencia. El pasado 30 de julio, el Gobierno autónomo aprobó el anteproyecto de ley de relaciones familiares de los hijos que establece como principio general la custodia compartida y que permite al juez otorgarla de manera individual atendiendo las circunstancias de cada caso.

Se trata de una iniciativa impulsada por el departamento de Gobernación que también regula las situaciones de los progenitores que nunca han convivido. En caso de ruptura, los padres deberán presentar al juez un "pacto de convivencia familiar" que detallará cómo serán las relaciones a partir de entonces, con ellos y con el resto de familiares, así como el destino de la vivienda, el ajuar y cómo se sufragarán todos los gastos de los hijos.

Ese pacto de convivencia es una forma más avanzada y detallada del llamado convenio regulador que fija el Código Civil español cuando se rompe la pareja y que pactan los cónyuges si el divorcio es de mutuo acuerdo, o lo fija el juez si la ruptura es contenciosa. En el caso de Cataluña, la ley lo denomina "plan de parentalidad" y obliga a los cónyuges a detallar mucho más cómo se relacionarán con los hijos tras la ruptura.

En el caso de Navarra, los parlamentarios de Izquierda Unida-Ezker Batua presentaron a finales del pasado mes de mayo una proposición de ley sobre custodia compartida. Ante las dudas de si la comunidad autónoma tenía competencias sobre la materia, como sucede en el caso del País Vasco, la iniciativa se trasladó a un consejo consultivo que dio el visto bueno a la tramitación. Ahora se espera que se admita a trámite, algo que se da por seguro, pues los partidos políticos ya han mostrado su intención de debatir el texto. Y pese a las reservas de los grupos parlamentarios, se espera una mayoría suficiente para establecer la preferencia por la custodia compartida. Se da la circunstancia que IU fue el único grupo que votó en contra de la ley aragonesa. El texto presentado ahora en Navarra se parece a aquel como una gota de agua a otra.

El debate también avanza en el ámbito estatal. El Senado aprobó ayer por unanimidad crear una comisión que estudie la modificación de la ley del divorcio analizando las legislaciones autonómicas, así como la de Francia y Portugal. Los trabajos durarán un máximo de cuatro meses y concluirán con un dictamen. El acuerdo se produce después de que el PP y diversos grupos del Senado instaran al Gobierno el pasado 21 de julio a modificar el Código Civil y establecer la preferencia por la custodia compartida.

Falta por ver el desenlace de esa comisión, pues el 3 de febrero de 2009 la comisión de Justicia del Congreso instó al Gobierno a realizar un informe sobre el desarrollo de la ley del divorcio y la custodia compartida. Y nunca más se supo.