CiU plantea una ley de consultas populares para no depender del permiso del Estado

El pacto constitucional está agotado y no hay más límite que el que decida la democracia. Bajo esas dos premisas, Convergència i Unió (CiU) aprobó ayer su programa electoral que, con la etiqueta del derecho a decidir, incluye una decena de objetivos, desde el concierto económico a una ley de consultas populares que, a diferencia de la aprobada por el tripartito, no las haga depender "de la autorización del Estado".

La coalición ha apostado en el programa con el que concurrirá el 28 de noviembre por un nuevo sistema de financiación para salir del café para todos como primer trampolín para ganar cuotas de soberanía. Artur Mas, presidente de CiU, sostiene que no es preciso reformar la Constitución para lograrlo y en alguna ocasión se ha referido a la convocatoria de una consulta en particular sobre ese asunto para dotar de más fuerza su reivindicación.

"España ha dado muestras claras de que no quiere ser cambiada [a un Estado plurinacional] y seguramente tiene derecho. Pero tenemos derecho a no dejar de ser Cataluña y a pensar en nuestro futuro nacional", defendió ayer el presidente convergente en Lleida ante unos 500 consejeros nacionales, que aprobaron por unanimidad el programa.

El texto, con siete bloques, da por sentado que CiU no solo prescinde del contenido del fallo del Estatuto, sino que toma como guía el aprobado en el Parlamento catalán en 2005 y que fue limado en el Congreso en 2006. "Pese a la sentencia, desplegaremos el Estatuto de manera ambiciosa y con su máxima potencialidad jurídica", señala el programa que, en cualquier caso, no menciona cómo piensa arrancar del Gobierno compromisos como el del concierto económico, la gestión de las infraestructuras o la exigencia del cumplimiento de las inversiones si no es más allá de la negociación. CiU considera fracasada la vía estatutaria -Artur Mas la da por muerta- y recupera así la histórica estrategia de Jordi Pujol de negociación puntual.