'Caso De Miguel': Agarrados al carné medio año

La flamante sede territorial del PNV en Álava, adquirida para su partido por Alfredo De Miguel por, más o menos, la mitad de su precio de mercado, y a través de una sociedad que ocultó en su declaración de intereses al ser nombrado diputado foral, sigue sin ser inaugurada seis meses después de saltar el escándalo sobre una supuesta trama de corrupción que implica a diversos afiliados jeltzales. El traslado a la nueva sede se realizó con discreción, al poco tiempo, pero el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se mantiene a distancia de un acto semejante, que debería protagonizar junto al presidente del ABB, Iñaki Gerenabarrena.

El próximo viernes se cumplirá medio año del sobresalto que levantó en vilo al PNV cuando un juez de Vitoria ordenó detener, entre otros afiliados, a cuatro relevantes cargos públicos e internos del partido. Se inició una cascada de imputaciones que, por ahora, sitúa a 14 personas, incluidos altos cargos de gobiernos anteriores, bajo las feas sospechas de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y alteración de precios en concursos y subastas públicas y, en una segunda causa, revelación de secretos y espionaje. Esos dos sumarios y una comisión parlamentaria de investigación en puertas, que puede hacer pasar por la Cámara a tres consejeros del último gobierno Ibarretxe, son el balance a los seis meses del estallido de los casos De Miguel y Telleria -entendido éste como la pieza separada que ordenó el juez Roberto Ramos por el supuesto espionaje a personalidades políticas y del mundo empresarial- y a ocho de las elecciones municipales. Ese balance incluye ahora la denuncia de tres imputados contra ocho periodistas por informar sobre la investigación bajo secreto judicial, recurrida por la Fiscalía de Álava. La preocupación que se palpa en el PNV parece justificada, máxime cuando todos los imputados siguen en el partido. Y también hay una dosis de recelo interno en el sector que encabeza Joseba Egibar, al que pertenece la mayoría de ellos.

Urkullu sigue sin inaugurar la sede territorial adquirida por De Miguel

El PNV, emplazado a respaldar con su firma la comisión de investigación

Políticamente, lo más llamativo es el caso omiso que los concernidos con carné del PNV han hecho a la petición de su presidente, Iñigo Urkullu, para que lo entreguen. Urkullu ha reiterado varias veces esa llamada sin éxito y sin actuaciones alternativas. Por ahora, ninguno de los imputados le ha atendido y nadie sabe si cambiarán de actitud, admiten en el partido. El PNV, por los motivos que sea, tampoco ha querido activar la vía que podría abrir un procedimiento que alcance el objetivo de Urkullu: que cualquier afiliado presente denuncia interna.

Así las cosas, la ejecutiva del PNV tiene mañana sobre la mesa la propuesta de creación de una comisión especial de investigación en el Parlamento a la que el PSE y el PP quieren sumar su respaldo expreso. Cargos relevantes consultados en ese partido coinciden, sin embargo, en que resultará muy difícil que el portavoz de su grupo, Joseba Egibar, estampe su firma al pie de la solicitud que abrirá la tramitación. Consideran la redacción "excesivamente dura" y las acusaciones que se expresan en la justificación de la iniciativa "de enorme gravedad". Creen que va mucho más allá de lo que merecerían las presuntas irregularidades, que algunos minimizan como de "cuantía menor".

Otro tanto han hecho distintos dirigentes con el supuesto espionaje, al minimizar, por ser meros "chismorreos", los informes en poder de Tellería, obviando la gravedad política de una actuación de ese tipo, sea cual sea el contenido.

La actitud recuerda la mantenida en los años 80 al descubrirse las escuchas ilegales al lehendakari Carlos Garaikoetxea: quien no tiene nada que ocultar no tiene por qué preocuparse, vino a decir el entonces portavoz de la ejecutiva del PNV y hoy diputado general de Álava, Xabier Agirre.

El PNV tiene mañana ocasión de plantear modificaciones al escrito de socialistas y populares, pero más bien parece que se limitará a no oponerse a la comisión -habría sido estéril, puesto que PSE y PP tiene mayoría suficiente- pero tampoco respaldarla con su firma.

En este proceso, el PNV perdió el PNV perdió a dos hombres de futuro y se vio ante un problema interno añadido: De Miguel estaba llamado a suceder a Gerenabarrena, mientras otro de los imputados, Alfonso Arriola, era su candidato in péctore a la alcaldía de Vitoria. Este rebote abrió la pugna interna por el puesto, zanjada con la retirada de los dos candidatos en liza en las primarias de julio, el del ABB, Ramiro o González y la actual portavoz municipal, Malentxo Arruabarrena. En paralelo, Aitor Tellería, mano derecha de Gerenabarrena en la ejecutiva alavesa, fue de nuevo imputado a finales de julio, en la pieza que el juez Ramos ordenó separar para investigar un presunto caso de espionaje político, con la implicación de dos veteranos ertzainas.

Entre las últimas diligencias impulsadas por el juez después de las vacaciones de agosto está justamente, según ha podido saber EL PAÍS, una nueva búsqueda entre los correos electrónicos del ex dirigente del PNV.

Al caso De Miguel, se sumó así el caso Tellería, después de que poco antes hubiera surgido el caso Zubiaurre, sin relación con esta trama, y todos se añadieran al caso Margüello, también en los tribunales y ya bajo investigación en el Parlamento vasco. Todos son peligrosos para el PNV, máxime a ocho meses vista de las elecciones locales y forales, y cuando una segunda comisión especial de investigación está a punto de constituirse en la Cámara. Haya o no pronunciamientos judiciales, el veredicto político del Parlamento sí puede llegar antes de esos comicios, como en el mandato pasado lo hicieron los casos Guggenheim o Balenciaga.

El inmueble de la plaza de la Virgen Blanca, las cuatro plantas del emblemático edificio que ocupó Casa Hueto, concita miradas y comentarios, y su situación vergonzante de sede no bendecida, contra lo que acostumbra el PNV con cualquier reforma del más humilde de los batzokis, expresa bien la aprensión y los pies de plomo con que se mueve ese partido ante la resbaladiza trama bajo investigación judicial y, en breve, política.