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'Caso De Miguel': Agarrados al carné medio año

El juez realiza una nueva búsqueda en el ordenador de Aitor Tellería

La flamante sede territorial del PNV en Álava, adquirida para su partido por Alfredo De Miguel por, más o menos, la mitad de su precio de mercado, y a través de una sociedad que ocultó en su declaración de intereses al ser nombrado diputado foral, sigue sin ser inaugurada seis meses después de saltar el escándalo sobre una supuesta trama de corrupción que implica a diversos afiliados jeltzales. El traslado a la nueva sede se realizó con discreción, al poco tiempo, pero el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se mantiene a distancia de un acto semejante, que debería protagonizar junto al presidente del ABB, Iñaki Gerenabarrena.

El próximo viernes se cumplirá medio año del sobresalto que levantó en vilo al PNV cuando un juez de Vitoria ordenó detener, entre otros afiliados, a cuatro relevantes cargos públicos e internos del partido. Se inició una cascada de imputaciones que, por ahora, sitúa a 14 personas, incluidos altos cargos de gobiernos anteriores, bajo las feas sospechas de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y alteración de precios en concursos y subastas públicas y, en una segunda causa, revelación de secretos y espionaje. Esos dos sumarios y una comisión parlamentaria de investigación en puertas, que puede hacer pasar por la Cámara a tres consejeros del último gobierno Ibarretxe, son el balance a los seis meses del estallido de los casos De Miguel y Telleria -entendido éste como la pieza separada que ordenó el juez Roberto Ramos por el supuesto espionaje a personalidades políticas y del mundo empresarial- y a ocho de las elecciones municipales. Ese balance incluye ahora la denuncia de tres imputados contra ocho periodistas por informar sobre la investigación bajo secreto judicial, recurrida por la Fiscalía de Álava. La preocupación que se palpa en el PNV parece justificada, máxime cuando todos los imputados siguen en el partido. Y también hay una dosis de recelo interno en el sector que encabeza Joseba Egibar, al que pertenece la mayoría de ellos.

Urkullu sigue sin inaugurar la sede territorial adquirida por De Miguel

El PNV, emplazado a respaldar con su firma la comisión de investigación

Políticamente, lo más llamativo es el caso omiso que los concernidos con carné del PNV han hecho a la petición de su presidente, Iñigo Urkullu, para que lo entreguen. Urkullu ha reiterado varias veces esa llamada sin éxito y sin actuaciones alternativas. Por ahora, ninguno de los imputados le ha atendido y nadie sabe si cambiarán de actitud, admiten en el partido. El PNV, por los motivos que sea, tampoco ha querido activar la vía que podría abrir un procedimiento que alcance el objetivo de Urkullu: que cualquier afiliado presente denuncia interna.

Así las cosas, la ejecutiva del PNV tiene mañana sobre la mesa la propuesta de creación de una comisión especial de investigación en el Parlamento a la que el PSE y el PP quieren sumar su respaldo expreso. Cargos relevantes consultados en ese partido coinciden, sin embargo, en que resultará muy difícil que el portavoz de su grupo, Joseba Egibar, estampe su firma al pie de la solicitud que abrirá la tramitación. Consideran la redacción "excesivamente dura" y las acusaciones que se expresan en la justificación de la iniciativa "de enorme gravedad". Creen que va mucho más allá de lo que merecerían las presuntas irregularidades, que algunos minimizan como de "cuantía menor".

Otro tanto han hecho distintos dirigentes con el supuesto espionaje, al minimizar, por ser meros "chismorreos", los informes en poder de Tellería, obviando la gravedad política de una actuación de ese tipo, sea cual sea el contenido.

La actitud recuerda la mantenida en los años 80 al descubrirse las escuchas ilegales al lehendakari Carlos Garaikoetxea: quien no tiene nada que ocultar no tiene por qué preocuparse, vino a decir el entonces portavoz de la ejecutiva del PNV y hoy diputado general de Álava, Xabier Agirre.

El PNV tiene mañana ocasión de plantear modificaciones al escrito de socialistas y populares, pero más bien parece que se limitará a no oponerse a la comisión -habría sido estéril, puesto que PSE y PP tiene mayoría suficiente- pero tampoco respaldarla con su firma.

En este proceso, el PNV perdió el PNV perdió a dos hombres de futuro y se vio ante un problema interno añadido: De Miguel estaba llamado a suceder a Gerenabarrena, mientras otro de los imputados, Alfonso Arriola, era su candidato in péctore a la alcaldía de Vitoria. Este rebote abrió la pugna interna por el puesto, zanjada con la retirada de los dos candidatos en liza en las primarias de julio, el del ABB, Ramiro o González y la actual portavoz municipal, Malentxo Arruabarrena. En paralelo, Aitor Tellería, mano derecha de Gerenabarrena en la ejecutiva alavesa, fue de nuevo imputado a finales de julio, en la pieza que el juez Ramos ordenó separar para investigar un presunto caso de espionaje político, con la implicación de dos veteranos ertzainas.

Entre las últimas diligencias impulsadas por el juez después de las vacaciones de agosto está justamente, según ha podido saber EL PAÍS, una nueva búsqueda entre los correos electrónicos del ex dirigente del PNV.

Al caso De Miguel, se sumó así el caso Tellería, después de que poco antes hubiera surgido el caso Zubiaurre, sin relación con esta trama, y todos se añadieran al caso Margüello, también en los tribunales y ya bajo investigación en el Parlamento vasco. Todos son peligrosos para el PNV, máxime a ocho meses vista de las elecciones locales y forales, y cuando una segunda comisión especial de investigación está a punto de constituirse en la Cámara. Haya o no pronunciamientos judiciales, el veredicto político del Parlamento sí puede llegar antes de esos comicios, como en el mandato pasado lo hicieron los casos Guggenheim o Balenciaga.

El inmueble de la plaza de la Virgen Blanca, las cuatro plantas del emblemático edificio que ocupó Casa Hueto, concita miradas y comentarios, y su situación vergonzante de sede no bendecida, contra lo que acostumbra el PNV con cualquier reforma del más humilde de los batzokis, expresa bien la aprensión y los pies de plomo con que se mueve ese partido ante la resbaladiza trama bajo investigación judicial y, en breve, política.

¿Presidirá Aralar?

La presidencia de la comisión de investigación que se formará en el Parlamento está sin decidir. El PSE está dispuesto a cederla a otra fuerza política para acallar acusaciones de electoralismo que, justamente, le han llegado del único grupo que parecería un candidato lógico a realizar ese papel: Aralar. Por lógica, el PNV no puede ejercer ese papel, ya que a ese partido pertenecen los responsables públicos de los gobiernos de ese partido cuyas actuaciones van a ser revisadas. De entre los dos partidos que la han impulsado, el PP puede descartarse también, porque ya preside la comisión que investiga el caso Margüello. Y no parece probable que se deje la tarea a ninguno de los tres parlamentarios de EB, EA y UPyD. Así las cosas, sólo quedan el PSE, que, como partido del Gobierno actual puede levantar sospechas de animosidad respecto del anterior, y el grupo abertzale. El secretario general del Grupo Socialista, Óscar Rodríguez, insiste aún en que ofrezca sus consideraciones y posponga las críticas, que cree prematuras.

Dos causas, quince imputados

- Alfredo De Miguel. fue nombrado en 2007 por Xabier Agirre diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, cuando desde el año anterior era administrador único de la firma Landaburu Etxea. A través de ella adquirió, en más o menos la mitad de su valor de mercado, un inmueble de tres plantas en el centro de Vitoria. actual sede territorial del PNV.

- Aitor Tellería. Ex concejal en el Ayuntamiento de Vitoria, mano derecha en la ejecutiva alavesa de Gerenabarrea y director del CEIA, semillero de empresas ubicado en el parque tecnológico de Miñano. Es el único imputado en las dos causas, tras descubrirse a raíz de la primera en su ordenador datos privados de personalidades políticas y empresariales facilitados presuntamente por dos ertzainas.

- Carlos Lau y Jesús Atxa. Dos veteranos ertzainas de la antigua Unidad de Información y Análisis (donde también hay familiares de Gerenabarrena y del anterior director de la Ertzaintza, Jon Uriarte) que presuntamente facilitaron la información sobre personalidades que tenía Tellería.

- Koldo Otxandiano. Ex gerente del Instituto Foral de Bienestar Foral, y las esposas de los tres, Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu, respectivamente. Cobraron por contratos del Gobierno vasco (Departamento de Cultura) a través de su empresa Kataia Consulting, sin que conste la entrega de ningún trabajo. En su misma sede, la sociedad gastronómica de De Miguel, tenía su sede Errexal, propiedad del ex concejal de Leioa, Iñaki San Juan, también adjudicataria de numerosos contratos. Juntos compraron un terreno en Frúniz.

- Alfonso Arriola, asesor del jeltzale Eusebio Melero en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) y ex director del parque tecnológico de Miñano. El PNV barajaba su nombre como candidato a la alcaldía de Vitoria.

- Jon Etxaburu. Empresario vizcaino, adjudicatario de numerosos contratos del Gobierno con Construcciones Loizate, y luego de la compra de suelo para ampliar Miñano con Urbanorma Consulting. Su socia Ainhoa Alberdi, fue, una vez Etxaburu fuera de la sociedad, quien denunció que De Miguel y Tellería le exigieron pagar comisiones. Esto abrió en diciembre de 2009 la sigilosa investigación que llevó a las detenciones.

- Julián Sánchez Alegría. Director de la red de Parques Tecnológicos de Euskadi con el Gobierno de Juan José Ibarretxe. También vicepresidente de Sprilur (cuyo anterior responsable, Antton Zubiaurre figura en otra presunto espionaje a su sucesor en esa sociedad).

- Miren Bilbao. Directora técnica de Miñano que, presuntamente y por indicación de Arriola, habría adjudicado a la firma STOA la elaboración de los proyectos de urbanización de los nuevos terrenos del complejo, pese a figurar dos precios distintos en su oferta.

- Sergio Fernández Oleaga. Administrador único de la compañía STOA, a la que la denunciante declaró que De Miguel le ordenó incluir en la oferta sobre Miñano.

- Gurutz Larrañaga. Viceconsejero de Cultura hasta 2009. Firmó adjudicaciones de contratos a empresas de la trama.

- Xabier Sánchez Robles. Director de Juventud con Gurutz Larrañaga que propuso las adjudicaciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de septiembre de 2010

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