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173 días preso por un error judicial

Un hombre reclama 175.000 euros por una confusión que le llevó a la cárcel

Flavio Emilitín Silva Moreira se desgañitó diciendo a la policía, al juez y a quien quiso oírle que él no había hecho nada malo. De nada sirvieron sus súplicas para que se cotejasen sus huellas dactilares con la del auténtico delincuente. Le subieron a un furgón policial, esposado, y acabó en la cárcel de Basauri (Vizcaya). Hasta que se deshizo el entuerto pasaron 173 días. Y es que su nombre, Flavio Emilitín Silva, y nacionalidad, Guinea-Bissau, coincidía con la de un individuo que estaba preso en Almería por receptación y que había huido durante un permiso penitenciario.

Silva Moreira paseaba tranquilo por las calles de Bilbao, el 3 de agosto de 2007, cuando una dotación policial le pidió que se identificase. Los policías introdujeron sus datos en el ordenador central y allí figuraba una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión contra alguien que se llamaba prácticamente igual que él. La orden procedía de un tribunal situado a unos 1.000 kilómetros de Bilbao, la Audiencia Provincial de Almería. El Juzgado de Instrucción 9 de Bilbao no creyó sus lamentos de inocencia y ordenó encarcelarle a disposición del tribunal andaluz. Fueron 173 días de impotencia y rabia. Un cautiverio alimentado además por la burocracia judicial. Hubiese bastado con cotejar sus huellas con las que figuraban en el sumario de Almería para aclararlo todo al instante. Pero acababa de comenzar agosto. Y tuvo que esperar hasta febrero de 2008 para abandonar las rejas, cuando el juez de Bilbao se cercioró de que todo era un error y archivó la causa. La policía le entregó un informe que acreditaba "sin género de dudas" (las huellas eran diferentes) que el Flavio Emilitín Silva encarcelado no era el Flavio Emilitín Silva buscado en Almería por quebrantamiento de condena.

La víctima pidió hasta la saciedad que analizasen sus huellas dactilares

Un gravísimo error que ha traído graves consecuencias personales a Flavio Emilitín. Según consta en un informe del Consejo General del Poder Judicial, su estancia carcelaria le ha generado "graves trastornos psicológicos y ha cercenado su vida laboral". El Poder Judicial, a petición del Ministerio de Justicia, ha analizado este caso y entiende que se ha producido un error en la identificación del verdadero reo atribuible "a la Administración de Justicia". Flavio Emilitín reclama ahora al Estado 175.000 euros por los 173 días de lamentos que nadie quiso escuchar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 12 de septiembre de 2010