La justicia declara ilegales 45 despidos en el Consorcio de Benestar

La mayoría de los despidos que en noviembre del pasado año terminaban con los centros de Igualdade e Benestar (I+B) son improcendentes. En los últimos meses se han dictado sentencias favorables para 45 de los 61 trabajadores despedidos -aunque no todos denunciaron- según los datos de la propia Consellería de Traballo e Benestar, de la que dependía estas oficinas. La central sindical CIG elevó ayer la cifra a 57. Xunta y sindicato sólo coinciden en la cifra de despidos nulos: cinco trabajadores que tienen la posiblidad de ser readmitidos o aceptar una indemnización.

Las 18 oficinas de I+B desarrollaban, sobre todo en zonas rurales, cuatro planes relacionados con la inclusión social, el apoyo a familias, la asesoría a adolescentes o el Plan de Igualdade de Oportunidades. En noviembre de 2009 Traballo despidió al personal alegando que había una "duplicidad" entre su labor y la que realizan los ayuntamientos. Los técnicos de la Secretaría Xeral de Familia e Benestar pasaban entonces a asumir, en colaboración con los ayuntamientos, las actuaciones que llevaban a cabo estas oficinas. Estos trabajadores, contratados durante el mandato del Gobierno bipartito, eran personal laboral temporal, contratados por obra y en eso se basó la Xunta para rescindir su contrato pero también la mayoría de las sentencias para tachar el despido de improdecente.

La CIG eleva a 57 las sentencias desfavorables para la consellería

La presidenta del comité de empresa del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar en A Coruña, Laura Estévez, explicó ayer que las sentencias censuran que los programas que tenían en marcha los centros I+B "no han finalizado e iban a tener continuidad con otro personal". Sin embargo, desde el Consorcio puntualizan que los trabajadores desarrollaban funciones distintas a las que señalaban sus contratos y que es el plan nuevo al que estaban asignados el que continúa, aunque en algunos casos, el propio plan finalizaba en 2009.

Las cifras que maneja la Administración reflejan seis sentencias favorables a Traballo, 40 que determinan despido improcedente, cinco nulos y otros cinco casos pendientes de sentencia. El resto, dicen, no han denunciado. Los de la CIG elevan a 52 las sentencias improcedentes, rebajan a dos las procedentes, coinciden en los cinco casos nulos, y reduce a dos las personas que no denunciaron. Traballo asegura que sólo uno de los cinco trabajadores que tenían derecho a readmisión la pidió, así que "se le asignará un puesto que aún está por determinar".

El Consorcio recurrirá las 45 sentencias pero ya debe pagar los salarios de tramitación -el tiempo que cada empleado ha estado sin trabajar desde la denuncia- de los despidos improcedentes. La secretaria nacional de CIG-Administración, María del Carmen López Santamariña, estimó que los costes para la Administración irán "desde los 15.000 euros por trabajador". El Consorcio asegura que hay casos que no pasan de los 8.000 euros. Las contradicciones entre Xunta y sindicato continúan sobre la cantidad a cobrar, pues para la CIG serían 15.000 euros de indemnización más el salario de tramitación y Traballo asegura que en esa cantidad ya se incluye el pago de los dos conceptos. Por eso, López Santamariña acusó a la Xunta de "preferir pagar cifras millonarias" en indemnizaciones "con las que podían hacer frente al servicio". "Después de este varapalo de la Justicia lo lógico es que readmitan a los trabajadores y que se retome el servicio", afirmó el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao.

Estévez incidió en que, pese al compromiso de la secretaria general de Familia e Benestar, Susana López Abella, no se está haciendo el trabajo de las oficinas de I+B. "No se tomó ninguna decisión de cómo se va a llevar ese trabajo. Ahora hay dos o tres personas donde antes había seis o siete y no pueden abarcar los mismos ámbitos de actuación", afirmó. Louzao cargó contra las acciones del PP sobre el Cosorcio: "Desde su llegada al poder tuvo el objetivo inmediato de desmantelar el Consorcio con su carácter público, reducir su calidad en el servicio, empeorar las condiciones de trabajo y privatizarlo". Así, repasó la "desapación del modelo educativo de las galescolas, donde se dilapidó dinero público para deshacerse de la simbología de la educación en gallego", la anulación de las oposiciones al Consorcio y el "bloqueo" del PP para alcanzar un convenio laboral.