Un auto obliga al derribo del muro ilegal de Álvaro Pino

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) zanjó ayer la disputa que mantienen desde hace más de dos décadas el ex ciclista Álvaro Pino y varios de sus vecinos por la "usurpación" que cometió el director deportivo del Xacobeo al cercar un tramo de camino público en Fontela (Ponteareas). El caso salpicó la gestión del ayuntamiento y ahora el TSXG obliga a su responsable, el acalde Salvador González Solla (PP), a "recuperar de oficio el tramo del camino". Deberá hacerlo antes de 2011 y bajo su "responsabilidad directa".

En su auto, el TSXG recuerda la sentencia con la que en 2004 obligaba al Ayuntamiento de Ponteareas a "recuperar" el terreno y tacha la actuación del consistorio de insuficiente. "Nada se hizo al respecto, pues el camino quedó con su configuración anterior, conservando sus arranques por ambos extremos, pero engullido todo su tramo central por las fincas colindantes", reza el auto. Queda anulado también la decisón de la Junta de Gobierno Local con la que se pretendía calificar de "bien desafectado" el terreno, pues "no consta debidamente acreditada la oportunidad y legalidad de la alteración" o que la medida vaya a "servir al interés general". El TSXG cierra así la puerta a la venta de la propiedad a la familia Pino.

Una decisión "absurda"

A pesar de calificar la solución municipal de "absurda" y recriminarle "claudicar de la obligación de recuperar ese demanio [dominio público] para mantener el statuo quo existente", el auto rechaza censurar las medidas del Ayuntamiento desde "el punto de vista de la legalización urbanística". Sí reconoce el "carácter desfavorable" del informe técnico de la secretaria municipal que vertía "dudas sobre la oportunidad y legalidad" de cambiar la calificación del terreno. El texto, fechado en 2009, echaba por tierra el argumento de los "perjuicios cuantiosos" que supondría para las arcas municipales el derribo del muro.

"El Ayuntamiento ha actuado innoble y criminalmente", denuncia Cristina Rodríguez, abogada de una de las vecinas perjudicadas. Esa convicción y la sospecha de que de la actuación del Ayuntamiento se desprenden "indicios de prevaricación" les hace plantearse ahora seguir con el caso por la vía penal. De momento, la organización independentista Nós-UP mostró ayer su intención de "continuar adelante con la denuncia al alcalde y el gobierno local por prevaricación continuada".