Un ex asesor de López Viejo pide declarar en Gürtel

El abogado de Pedro Rodríguez Pendás, que fue asesor técnico del diputado regional en la viceconsejería de Presidencia encabezada por Alberto López Viejo, ha solicitado al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que su cliente pueda comparecer ante el tribunal de forma voluntaria. La solicitud se realiza a consecuencia de las informaciones publicadas por EL PAÍS que reflejan un informe de la Policía Judicial en el que se solicita la detención de este ex asesor de la Comunidad y de otras tres personas, una de ellas el alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP). El primer edil de Boadilla fue el encargado de suceder a Arturo González Panero, imputado en la trama y conocido por los demás miembros de la red como El Albondiguilla.

El documento, que se encuentra sobre la mesa del despacho del juez Pedreira, pone de manifiesto que los miembros de la trama Gürtel acudían a Rodríguez Pendás y otros empleados de la Consejería de Presidencia para tratar de cobrar los contratos "problemáticos". En un escrito presentado ante el magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado del ex asesor indica que "no teniendo nada que ocultar" su cliente, y "desde su responsabilidad", Rodríguez Pendás ha manifestado su voluntad de ponerse a disposición del juez.

El sumario revela que tres empleados de Presidencia se encargaban de conseguir que las facturas inicialmente rechazadas por los distintos departamentos de la Comunidad de Madrid se cobraran.

Correo revelador

El dossier elaborado por la Policía Judicial transcribe un correo electrónico de la trama del 12 de septiembre de 2006 que demostraría que al menos seis facturas de la Consejería de Presidencia de la Comunidad, de un importe total de 62.000 euros, fueron finalmente abonadas "después de las gestiones realizadas con Carmen, secretaria de López Viejo", uno de los principales acusados por la mayor trama de corrupción de la democracia y al que el juez Pedreira acusa de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

El informe explica que en 2006, cuando la organización corrupta acumuló 65 facturas sin cobrar en varios departamentos del Gobierno de Aguirre, por un valor de 362.903 euros, una empleada de la empresa de Correa Servimadrid acudió inmediatamente a Rodríguez Pendás para interesarse por la situación.

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