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Los Ayuntamientos del PP acaparan las ayudas de Louzán contra la crisis

Sólo el 15% del plan de la Diputación va a consistorios de PSdeG y BNG

El Plan de Investimentos da Deputación 2009-2011 (PID), dotado con 70 millones de euros, es la respuesta de choque del PP contra la crisis en Pontevedra. Cuando ha sobrepasado el ecuador de su vigencia y Rafael Louzán declara aprobado el 90% de ese presupuesto, a 30 de agosto las obras adjudicadas con cargo al mismo se cifran en 16,5 millones de euros (23,5%), aunque las adjudicaciones autorizadas se eleven a casi 20 millones. De las 493 obras incluidas como desarrollo del plan, sólo se han adjudicado, provisional o definitivamente, 126 (un 25%), y casi todas se enclavan en ayuntamientos gobernados por el PP.

El Boletín Oficial da Provincia publicó en agosto de 2009 las bases que marcarían el reparto de los 70 millones entre los municipios de la provincia, 59, excluyendo a Vigo, Pontevedra y Mondariz-Balenario. De los 70 millones iniciales Louzán se reservó -primera limitación- el 20% (14 millones) para uso discrecional. Para los 56 millones restantes se fijó un baremo objetivo que asignó, en función de la población y superficie de cada ayuntamiento, la cantidad que correspondía a cada uno.

El presidente se reserva 14 de los 70 millones para uso discrecional
El reparto "equitativo" se limita a 43,8 millones en 59 localidades
Los contratos de adjudicación recorren todas las variables posibles
Es previsible que el popular queme toda la pólvora del PID antes de mayo

Los Ayuntamientos elaboraron así sus proyectos, descontando de su parte las deudas que tuvieran con la Diputación por anticipos. Esa deuda fue determinante para algunos, como Ponteareas, Sanxenxo y Vilanova de Arousa, que tuvieron que reducir sus proyectos en el PID a la mitad. La deuda total de los municipios sumó 5,1 millones que, por tanto, tampoco se ejecutarán en el plan.

Los Ayuntamientos remitieron en total 493 proyectos, que fueron aprobados en octubre de 2009 para ser contratados por la Diputación. Para gestionarlos, Louzán puso a trabajar a un equipo de 40 personas, incluida la asistencia externa de una empresa dedicada a la ingeniería y al negocio inmobiliario. Pese a ello, EL PAÍS no consiguió la semana pasada verificar ni contrastar en la Diputación ningún dato sobre la ejecución del PID. "Está aprobado el 90%", apuntó Louzán el pasado jueves, con la promesa de remitir algún resultado. A mediados de marzo ya estaba aprobado el 76%, según su segundo, José Manuel Figueroa, quien esperaba aprobar ese mismo mes "el 100% de los proyectos y adjudicaciones", cifrados finalmente en 50,7 millones de euros, aunque no definitivamente, ya que otras revisiones posteriores rebajaron el monto del reparto "equitativo" a 43,8 millones, después de hachazos drásticos en las cuentas de Ayuntamientos como Ponteareas, donde pese a disponer de un presupuesto de 527.742 euros (tras descontar una deuda de 680.802), el único proyecto aprobado en el reparto del PID atañe a la mejora de la instalación eléctrica en los colegios públicos (73.672 euros), o Dozón, que pese a disponer de 668.652 euros sólo absorbe 63.750 para construir una depuradora.

Este periódico ha consultado notas de prensa, los extractos de las actas de las Xuntas de Goberno que han ido aprobando el desarrollo del PID y la base de datos de su seguimiento que mantiene abierta el BNG. Estas fuentes producen el prodigioso baile de números. Solo en 11 Ayuntamientos no se han alterado las cifras que aprobaron sus plenos municipales para concurrir al PID: seis están gobernados por PSOE y BNG y tres, por tránsfugas (Mos, Gondomar y Silleda); completan la lista Lalín y Tui.

En los 48 municipios restantes, las propuestas municipales han sido revaluadas, sin introducir modificaciones relevantes en la mayoría de los casos, pero sí en otros, como los citados de Dozón y Ponteareas. Quedan por aplicar, no obstante, los 14 millones discrecionales del presidente, que también resuelve directamente, sin que pasen por Xunta de Goberno, los proyectos con un coste inferior a 50.000 euros (o con unos miles más, como ha comprobado este periódico), lo que añade otro pico a su uso discrecional.

"La contratación es muy compleja", apunta Louzán, para significar sus variedades: adjudicación directa, procedimiento negociado (con y sin publicidad) o concurso, según los casos. Este año tendrían que consumirse 54 millones (incluidos los cinco del saldo de deudas), que son los asignados a la inversión del primer bienio. Quedarían 16 millones para 2011. Dado que sólo están aprobadas (no adjudicadas) obras por 20 millones, lo más probable es que de aquí a mayo, fecha de las elecciones municipales, el PID se convierta en traca, hasta agotar toda su pólvora y más.

De momento, de los 16,5 millones adjudicados, solo dos millones caen en municipios del PSOE (16 en la provincia) y medio millón en los seis del BNG. Los del PP (33 municipios) absorben 12,5 millones, sin contar los tres gobernados por tránsfugas (1,2 millones adjudicados).

Aún hay 24 municipios sin obras concedidas

Rafael Louzán, presidente de la Diputación y del PP de Pontevedra, no esconde su política clientelar. Aún hay 24 municipios -del total de 59- en blanco, que no han recibido la adjudicación de ninguna obra del PID, ni provisional ni definitiva: 11 son del PSOE, tres del BNG, uno es independiente (Pontecesures) y en otro (Silleda) gobiernan tránsfugas; los 11 restantes son del PP. En todos ellos cabe esperar un impulso del PID antes de mayo, aunque en los casos de PSOE y BNG también podría posponerse su aplicación a las elecciones locales, ya que el programa se extiende a todo 2011.

A 30 de agosto, solo en cinco Ayuntamientos se habían adjudicado definitivamente todas las obras programadas en el plan: Dozón, A Lama, Pazos de Borbén, Ponte Caldelas y Valga, todos del PP. Otros tres, también del PP, tenían todas las obras con adjudicación definitiva o provisional: Arbo, O Covelo y Vilanova de Arousa.

Con adjudicación definitiva de la mitad o más de las obras programadas, hay otros ocho municipios, todos del PP salvo Moraña (PSOE). Si se abre el foco a los que tienen más de la mitad de las obras adjudicadas (de modo provisional o definitivamente), salen nueve, y solo uno es del PSOE (Catoira); el resto son del PP, más Mos, con un gobierno equivalente de tránsfugas.

Las obras con adjudicación definitiva suman casi 11 millones de euros, de los que los Ayuntamientos del PP (más tránsfugas) consumen 10,2 millones y PSOE y BNG, 600.000 euros. En las adjudicaciones provisionales, de los casi cinco millones del total, corresponden al PP y tránsfugas más de la mitad (2,7 millones); al PSOE, 1,6 millones, y al BNG, 545.000 euros.

Ajustes al alza

Mos, uno de los emblemas del transfuguismo del actual mandato, ya cuenta con adjudicación definitiva para seis de los nueve proyectos que presentó, y en Gondomar, el otro referente de lo mismo, también tienen adjudicación definitiva cuatro de sus 10 proyectos.

En los ajustes de los costes de los proyectos trasladados por los Ayuntamientos al PID, la Diputación solo salvó de la poda a 11 municipios, de los que cuatro (A Estrada, Nigrán, Redondela, Silleda) conservaron exactamente la misma cantidad que habían presupuestado y les correspondía en función de su población y superficie, y los otros siete incluso vieron aumentadas sus adjudicaciones: Gondomar (7.000 euros más), Marín (119.200), Lalín (5.000), Mos (32.000), Poio (22.000), Tomiño (15.000), Tui (16.000) y Vilagarcía (5.000).

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