Ripoll adjudicó de forma ilegal la contrata por la que se le imputa

La adjudicación de la planta de basuras de La Vega Baja fue ilegal, según ha decretado una juez de lo Contencioso-administrativo. El contrato fue adjudicado por el Consorcio Provincial de Residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, a la UTE Cespa y Ortiz e Hijos el 3 de enero de 2008. Esta contrata y la del municipio de Orihuela están en el epicentro del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura). En este sumario están imputados, entre otros, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, y el empresario Enrique Ortiz. El juez imputa a ambos supuestos delitos de cohecho y fraude, entre otros.

La resolución judicial que declara nula la adjudicación de la planta de La Vega Baja la ha dictado el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Alicante. La magistrada acepta un recurso de los vecinos de la pedanía oriolana de Torremendo, donde está previsto que se levante la instalación. Los demandantes denunciaron que la planta se ubicará en un lugar (la pedanía de Torremendo) peor valorado que la oferta base presentada por el adjudicatario (un terreno en Albatera). La oferta de Albatera obtuvo 69,12 puntos y la de Torremendo, 64,14. La juez considera, por tanto, que el consorcio adjudicó la planta por criterios distintos de los contenidos en el pliego, "como el de la proximidad".

Finca de Fenoll

Seis meses después de la adjudicación, el consorcio volvió a modificar el emplazamiento de la planta. En este caso la instalación cambiaba de una finca denominada Lo Cartagena a otra contigua llamada La Pistola. Uno de los propietarios de la segunda finca es Ángel Fenoll, empresario afín al PP. La investigación considera a Fenoll como el líder de la trama de caso Brugal. Los vecinos de Torremendo volvieron a recurrir el segundo cambio de ubicación, pero el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Alicante, rechazó el recurso al considerar que no "eran parte interesada en el proceso".

Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión de Ripoll y Ortiz sobre la resolución judicial, que es recurrible. Hace apenas tres días Ripoll recalcó la legalidad, en su opinión, de la adjudicación del contrato.