La juez deja libre por falta de pruebas al acusado del fuego de Fornelos

Rafael A. P., detenido el sábado como presunto autor del incendio de Fornelos de Montes en el que murieron los brigadistas de extinción Rodrigo Amo y Julio Martínez, quedó ayer en libertad provisional sin fianza y con la única obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes hasta que concluyan las diligencias que instruye el propio juzgado, el número 2 de Redondela. El auto judicial, según fuentes de la investigación, señala que las pruebas que incriminan a Alvariño en ese fatídico incendio, desatado la noche del pasado día 12, son indiciarias, no evidentes, lo que ha evitado su ingreso en prisión.

La solución judicial en este caso es análoga de la adoptada por el juzgado de Ribeira con Cándido L.L., detenido por la Guardia Civil por prender fuego al monte en Boiro - donde se ha registrado el mayor incendio de este verano en Galicia, con más de 550 hectáreas arrasadas- y quien, después de permanecer 48 horas arrestado en dependencias de la policía autonómica y prestar declaración ante el juez, también fue puesto en libertad sin fianza el pasado día 19 con la misma única condición de comparecer los días 1 y 15 hasta que concluyan las diligencias.

La pasada semana también quedó en libertad el acusado de los fuegos en Boiro

La Xunta considera intencionado un incendio si no hubo causas naturales

Rafael A. P. llegó ayer esposado al edificio de los juzgados de Redondela, poco antes de las diez de la mañana, y los abandonó después del mediodía, lloroso y emocionado, escoltado por los abrazos de su familia, que esperó en los pasillos del juzgado -y antes, durante dos días especialmente cargados de tensión- la decisión de la juez. "No hubo pruebas contundentes cuando fue detenido y tampoco las ha habido ahora", afirmó su abogada, Sandra Blanco, comentando la liberación. Ayer pudo demostrar, "con testigos más que acreditados", que Alvariño estuvo el día 12 trabajando en una finca muy alejada del incendio y, después, en su casa, "como acreditan vecinos y familiares".

La acusación que motivó su detención se fundamenta, según la misma letrada, "en meros cotilleos de dos o tres personas sin identificar, que tampoco han sido identificadas en el acto de hoy [por ayer] y que se llevarían mal con él por otras cosas", aventuró. La Guardia Civil, sin embargo, se reitera en su convicción, por indicios racionales, de que Rafael A. P. provocó el fuego.

La letrada anunció a su vez que estudiará con la familia la posible adopción de acciones legales contra los medios de comunicación que inculparon a su defendido y "publicaron declaraciones y testimonios que nunca se hicieron".

La Consellería de Presidencia, por su parte, informó ayer de otra detención, la de M.R.G., natural de San Cristovo de Cea, en Ourense, como presunto autor de un incendio forestal en una leira de su propiedad, en Oseira, que afectó aproximadamente a 0,01 hectáreas (100 metros cuadrados) de monte raso. La nota de Presidencia precisa que "si no ardió más superficie fue debido a la rápida intervención de los servicios de emergencias, del servicio de prevención de incendios de la Xunta de Galicia y de los vecinos del lugar". El detenido también fue puesto en libertad. "De este modo", concluye Presidencia, "la policía autonómica ya ha puesto a disposición judicial en lo que va de año a 26 personas por delitos relacionados con incendios forestales". También en Ourense, en el municipio de Barbadás, fue detenida ayer una mujer acusada de provocar un fuego.

La Xunta está dando la vuelta al criterio policial común que considera que se ha producido un delito en base a pruebas o indicios que avalen esa afirmación. En el caso de los incendios, según han señalado fuentes jurídicas consultadas por este periódico, el Gobierno gallego recurre a considerarlo intencionado siempre que no encuentra una causa natural del mismo.

Desde el primer momento, tras la muerte de los dos brigadistas en Fornelos, la Xunta enfatizó solemnemente la intencionalidad de un incendio prendido "con nocturnidad y alevosía", según el presidente Alberto Núñez Feijóo. "Fue una acción criminal", repitió varias veces el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, máximo responsable de la policía autonómica. Las investigaciones de la Guardia Civil coinciden en que el incendio fue intencionado, pero no han hallado pruebas de que empezase por tres focos, como afirmó la Xunta en un primer momento.