De la Torre se niega a pagar 824.107 euros a Aifos por una expropiación

El presidente de la promotora inmobiliaria Aifos, Jesús Ruiz Casado, seguirá de momento sin cobrar un euro por los terrenos que compró en el monte Gibralfaro y en los que ideó construir 22 chalés de lujo pero que el Ayuntamiento ha decidido conservar libre de urbanización como sistema general, y por tanto debe ser expropiado. El consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) rechazó el pasado día 12 el abono de 824.107,79 euros que Ruiz Casado había solicitado al entender que se trata de una cantidad mínima sobre la que no hay discrepancia en el litigio que mantiene con el Ayuntamiento por el justiprecio.

Esta negativa del Ayuntamiento que preside Francisco de la Torre es el último capítulo en el largo contencioso que mantiene con el presidente de Aifos sobre los 18.000 metros cuadrados de suelo que Ruiz Casado compró en 1999 en la Cañada de los Ingleses, un espacio privilegiado en el monte que domina el centro histórico de Málaga. Ruiz Casado pretende obtener una compensación de 21.320.171 euros, y el Ayuntamiento no está dispuesto a llegar a los 900.000. El jurado provincial de valoraciones fijó en agosto de 2007 el justiprecio en 2,6 millones, pero ambas partes lo tienen recurrido y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene ahora la palabra.

El Ayuntamiento nunca ha llegado a elaborar una valoración

Al ser un suelo catalogado de sistema general de áreas libres como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, de 1997, el Ayuntamiento debe hacerse con su propiedad y compensarlos a precio de suelo urbanizable. Al no haberlos adquirido en los cuatro años siguientes a la aprobación del planeamiento, los propietarios tienen derecho a pedir la expropiación forzosa, y se da la circunstancia que en Gibralfaro ya ha ocurrido con otros promotores que exigen al Ayuntamiento compensaciones supermillonarias, que suman 143 millones. El equipo de Gobierno se ha quejado de que algunos de ellos actúan con fines meramente especulativos, como prueba que el Jurado de Valoraciones ha fijado como justiprecio total de las cinco expropiaciones 15,4 millones, cantidad que el consistorio tiene consignada en la Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda en tanto se resuelven los contenciosos.

En el caso del presidente de Aifos se da la circunstancia de que el propio ayuntamiento contribuyó a que se creara expectativas de negocio, puesto que en documento inicial de revisión del PGOU, en 2006, contempló como urbanizable el suelo de La Cañada de los Ingleses y le dio una edificabilidad que permitía construir 22 chalés. Luego, debido en gran parte a la fuerte presión social, el equipo de Gobierno dio marcha atrás y optó por proteger todos los suelos de Gibralfaro.

Ruiz Casado, con necesidades de liquidez por las deudas de Aifos, que se encuentra en concurso de acreedores desde hace un año, y que debe hacer frente a varios procedimientos judiciales -recientemente fue absuelto de una estafa por no construir pisos que había vendido, pero es uno de los procesados en el juicio del caso Malaya, acusado de cohecho-, pretendía obtener ya 824.107 euros del consistorio independientemente de cual sea la resolución judicial del conflicto. El reglamento de Expropiación Forzosa determina que cuando haya litigio entre administración y expropiado, el interesado tiene derecho a que se le entregue una indemnización hasta el límite en el que exista conformidad.

El Ayuntamiento nunca ha llegado a elaborar una hoja de aprecio, y por lo tanto no ha hecho valoración; pero Ruiz Casado se acoge a la alegación que el Consistorio hizo al Jurado de Valoraciones, en la que estimaba procedente fijar como justiprecio 480.809 euros, que era el precio de la finca en 1990 cuando se vendió, "actualizado si se quiere a la fecha en la que debe realizarse la valoración". Habría así que aplicar un 71,4% de incremento, el IPC acumulado entre 1990 y 2004, con lo que el precio se fijaría en 824.107,9 euros.

Ruiz Casado consideró que tal cantidad podría considerarse como de conformidad, por lo que el pasado junio pidió al Ayuntamiento que se la abonara, pero la respuesta municipal ha sido que no a lugar.