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Marbella saca de su contabilidad 74 millones de convenios del 'gilismo'

El tesorero estima que es "imposible" cobrar estos compromisos urbanísticos

El Ayuntamiento de Marbella ha sacado de su contabilidad oficial parte de la herencia envenenada del gilismo. El equipo de gobierno presidido por Ángeles Muñoz (PP) aprobó el pasado julio un informe del interventor municipal que pedía anular de sus cuentas 74,7 millones de euros correspondientes a convenios firmados por los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre 1991 y 2006 cuyas disposiciones urbanísticas no llegaron a ejecutarse totalmente y que no fueron cobrados por el Ayuntamiento.

El interventor, Juan Antonio Castro, considera que "es imposible" que el consistorio pueda cobrar estos derechos y por eso afirma que "debe procederse a su anulación". Las expectativas de cobro de los trapicheos urbanísticos del fallecido alcalde Jesús Gil y sus secuaces, incluidas hasta ahora en los remanentes de tesorería, ya no se computarán en el presupuesto municipal. Con esta medida, Marbella dispondrá de una imagen más real de su realidad y sus posibilidades económicas.

La ciudad tendrá una imagen más real de su situación económica

Los promotores firmantes de los convenios urbanísticos buscaban que el Ayuntamiento modificara en su favor, generalmente con aumentos de edificabilidad o con la recalificación de terrenos, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, el vigente anteriormente en la localidad. Algunos de los acuerdos fueron incorporados al célebre PGOU de 1998, aprobado ilegalmente por el entonces alcalde, Jesús Gil, por silencio administrativo. Sin embargo, ninguno de los promotores logró que sus pretensiones fueran legales.

Pese a ello, algunos promotores realizaron obras de acuerdo con los compromisos adquiridos en los convenios irregulares. Estas construcciones se encuentran ahora en proceso de regularización. A la luz del recién aprobado PGOU de 2010 deberá comprobarse si los convenios pendientes se ajustan a sus parámetros o deben ser anulados definitivamente.

El tesorero propuso a la junta de gobierno local que las cantidades no cobradas por los 156 convenios sea recogida "en cuenta no presupuestaria y sin trascendencia económica". Los convenios urbanísticos que puedan ser regularizados de acuerdo a los parámetros del nuevo PGOU, permitirán al consistorio obtener en el futuro nuevos ingresos.

De los 156 convenios sacados de la contabilidad, 128 son de modificación de planeamiento urbanístico, y suman un total de 64,1 millones de euros. Otros 23 se refieren a la enajenación de viviendas y solares, con un valor de 9,6 millones. Además, en la contabilidad anulada hay cinco convenios de concesión y aprovechamiento de bienes patrimoniales del municipio, por importe superior a los 385.000 euros, según el informe elevado por el interventor.

En la misma junta de gobierno local en la que se aprobó la nueva contabilidad, también se acordó pedir a los dueños del Hotel Guadalpín, propiedad del dueño de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, procesado en el caso Malaya, que certifiquen que el establecimiento cumple con los requisitos para obtener licencia de apertura para uso hotelero. El lujoso establecimiento, cuyas habitaciones han sido vendidas individualmente como apartamentos a terceros que luego cobraban una renta, incumplía la ley autonómica que le obligaba a tener sus 127 suites en explotación.

El Ayuntamiento adjudica tres locales municipales al hermano de una concejal

El Ayuntamiento de Marbella, presidido por Ángeles Muñoz, del PP, ha adjudicado tres locales en la zona de Puerto Banús, una de las más lujosas de la ciudad, a una empresa de la que es socio un hermano de la concejal Alicia Jiménez, encargada precisamente del área municipal de Puertos. La adjudicación fue aprobada el pasado 29 de junio por la junta de gobierno local, a la que asistió Jiménez. Según el acta de esta reunión, la edil ni se ausentó ni se abstuvo en la votación que otorgó los locales a la empresa de su familiar.

No es la primera vez que un concejal popular marbellí o su familia se beneficia de contratos municipales. La empresa de materiales de construcción La Juanita, propiedad al 50% del concejal Antonio Espada, suscribió en 2008 dos contratos por valor de 240.000 euros para vender sus productos al consistorio.

Además, la familia del también edil Antonio Maíz prorrogó en septiembre de 2009 el contrato para arrendar el edificio del conservatorio, que llevaba alquilando al municipio desde 1994 por 6.000 euros mensuales. La prolongación del contrato durante un años más supuso aumentar la renta a 7.482 euros mensuales.

La propia Alicia Jiménez y sus hermanos arrendaron al Ayuntamiento durante años el Edificio Liceo, de su propiedad. El PSOE marbellí calificó de "legalmente dudosa y éticamente reprochable" la adjudicación de los tres locales de Puerto Banús. Por su parte, el Ayuntamiento defendió la limpieza del proceso por el que se otorgaron los inmuebles. El portavoz municipal, Félix Romero, afirmó que del primer concurso público no resultó ningún adjudicatario. A la segunda convocatoria, con un pliego de condiciones idéntico, se presentaron tres licitadores. De ellas una quedó descalificada por un error formal: y de las otras dos, la empresa del hermano de Alicia Jiménez presentó la oferta más ventajosa, que daba al municipio 20.000 euros más que su contrincante.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de agosto de 2010

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