La Junta prepara un frente contra la supresión de ayudas a la VPO

La Junta está dispuesta a plantar dura batalla al Gobierno central para que no elimine las ayudas a la compra de VPO, como anunció la ministra el pasado 27 de julio, y, para reforzar su presión, intenta consensuar una posición conjunta con empresarios y sindicatos. La intención del ministerio de destinar a partir de 2012 todas las ayudas públicas a la rehabilitación y alquiler y eliminar las que hasta ahora se daban a compradores y promotores de VPO de nueva construcción, compromete el futuro del plan concertado de vivienda y suelo de Andalucía, que contempla la construcción de 172.000 casas entre 2008 y 2012.

Desde el primer momento, la Junta ya se manifestó en contra de la propuesta del Gobierno. Ahora viene el tiempo de pelear por tratar de convencer a la ministra Beatriz Corredor de que el cambio de destino de las ayudas se haga, al menos, de forma progresiva y no de golpe. El próximo 2 de septiembre la consejería de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, se reunirá con empresarios y sindicatos andaluces firmantes del plan concertado para cerrar una posición andaluza común a defender frente al Gobierno. Cuatro días después, el 6 de septiembre, está prevista una reunión técnica entre la consejería y el ministerio preparatoria del encuentro entre Beatriz Corredor y Rosa Aguilar en el que, teóricamente debería, quedar definitivamente definido el destino de las ayudas ministeriales y sus cuantías.

Griñán planteará a Zapatero una retirada gradual de los incentivos

La incertidumbre se ha traducido en un parón de la actividad

El asunto de las ayudas será también planteado por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al presidente del Gobierno en la reunión que ambos celebrarán en la última semana de agosto. La Oficina del Portavoz del Gobierno ya ha señalado que la VPO y el mantenimiento de las obras públicas en Andalucía serán los asuntos prioritarios en el orden del día del encuentro. La Junta dice compartir con el Gobierno el criterio de que las ayudas al alquiler y la rehabilitación sean "los principales basamentos" de las ayudas públicas directas, pero no a costa de eliminar las que se conceden a la compra. Buscar un equilibrio entre unos programas y otros será el objetivo de toda esta serie de reuniones, ante las que el secretario general de Vivienda, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, avisa: "Vamos a la mayor". El secretario general explica que "la compra sin duda es un pilar fundamental de los planes de vivienda" y entiende que "es necesario que el Gobierno cambie". Entre otros argumentos, la Junta explicará al Gobierno la eficacia de las actuaciones de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) en promoción de vivienda social.

Las intenciones del Gobierno han sido también rechazadas de plano por la patronal andaluza, que confiaba en el plan de vivienda como una de las vías de escape de la profunda crisis en la que está el sector de la construcción. La patronal ha alertado, además, de que la promoción de viviendas en alquiler no es atractiva ni para los constructores ni para las entidades financieras. A la espera de que el Gobierno concrete la reorientación de sus ayudas se ha abierto un periodo de incertidumbre que se traduce en un parón en la actividad, y de momento no se tramitan nuevas calificaciones. Ya de por sí la actividad se había ralentizado en los últimos meses.

Según datos de la Junta, hasta el 24 de julio se habían calificado 5.833 viviendas de VPO en Andalucía y estaban en trámites de aprobación otras 9.156, con lo que el total ascendería a 14.989 proyectos. Una de las incógnitas por despejar sobre los planes del Gobierno es precisamente cómo afectaría el recorte a estas viviendas en tramitación, si se beneficiarían o no de las subvenciones del ministerio, que es tanto como determinar si se construyen o no. En julio de 2009 la cifra de calificaciones aprobadas era sensiblemente mayor: 11.326.