La discoteca Pícaro, cerrada un año

A golpe de decreto. Así intentó solucionar ayer el alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán (PP), los dos crímenes registrados en la localidad que preside en menos de una semana. Minutos antes del cierre del registro municipal, ordenó la clausura durante un año de la discoteca Pícaro, a cuyas puertas murió el rumano Cosmin Virgil Costea, de 26 años. Al hacerlo tan tarde, el dueño del local, Manuel Barrientos Fabra, no tuvo ocasión de recurrir la decisión municipal, por lo que el fin de semana, por lo menos, permanecerá cerrado.

El decreto firmado por Rollán afirma que el dueño de la discoteca podría ser responsable de "originar graves desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, en las inmediaciones de la discoteca Pícaro, el día 8 de agosto, entre las 4.50 y las 6.00". Es decir, le acusa directamente de los hechos previos que desencadenaron el homicidio de Costea. La seguridad de un local de copas, según la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid, debe ceñirse en exclusiva al local y no a las partes externas.

El dueño del local asegura que recurrirá la decisión municipal

16 personas se quedan sin empleo al menos durante un año

Rollán, no conforme con esas acusaciones, también relaciona a los porteros de la discoteca con las discusiones previas al crimen: "Se ha obviado la más elemental diligencia exigible al titular de la actividad [Manuel Barrientos], que tiene la responsabilidad de evitar las graves alteraciones de la seguridad ciudadana que vienen produciéndose, con peleas, lesionados e incluso, en la fecha de los hechos, un homicidio". El alcalde mantiene en su escrito que los empleados provocaron de forma violenta a los asistentes al local que alteraron "de forma gravísima la seguridad ciudadana". "Todo ello ha sido documentado en el atestado del Cuerpo Nacional de Policía", afirma el escrito municipal.

El decreto también recoge que la Policía Local ha tenido 16 incidencias en este local en lo que va de año y "numerosas intervenciones por diversos desórdenes en 2008 y 2009". "Concurre en este caso reincidencia, habiéndose tramitado el expediente 126/09 contra el referido establecimiento por falta grave", añade el decreto del alcalde.

Para evitar que esta situación pueda repetirse en el futuro y en virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, el alcalde ordenó la clausura y el precinto cautelar del establecimiento durante un año, sin perjuicio de las sanciones que pueda haber lugar por los expedientes previos que constan contra el local.

Tres policías municipales, entre ellos un sargento, acudieron a las seis de la tarde de ayer al local y notificaron la decisión municipal al dueño de la discoteca, que estaba presente. Los agentes pusieron siete llamativas pegatinas de colores fosforescentes en las dos puertas principales y en la de servicio, que aseguraron con precinto policial. Al trámite, que duró unos 10 minutos, acudieron los 16 trabajadores, en su mayoría porteros y camareros, que estaban empleados en la discoteca. Los policías fotografiaron el local con los precintos puestos.

Manuel Barrientos mostró su enfado por la decisión de Rollán, que ha tardado seis días en tomarla, en lugar de hacerlo el primer día laborable tras el crimen que costó la vida a Cosmin Virgil Costea. La medida, de hecho, coincidió con el homicidio del dominicano Geraldo de la Rosa, de 19 años. Barrientos anunció que recurrirá la medida el próximo lunes en cuanto hable con su abogado. "Tengo toda la documentación en regla, con las correspondientes licencias y mi actividad es completamente legal. Este negocio es importante porque de él viven 16 familias. Contamos con una clientela estable de rumanos que nunca se meten en problemas y que están muy agradecidos con la oferta de ocio que les proponemos", destacó Barrientos.

El dueño del local calificó de "injusta" la medida de Rollán y recordó que sus empleados y él mismo habían ayudado a la policía en la resolución del crimen de Costea. De hecho, facilitó un vídeo en el que se identifica al autor de los disparos que costaron la vida del rumano y que hirieron a un compatriota de este. "Hemos cooperado y así nos lo pagan. Cómo se nota que las elecciones no están tan lejos y que algunos quieren limpiar su imagen para ganarlas", criticó Barrientos. "Cuando acabe todo esto, nosotros también diremos lo que pasó aquella noche y cómo los policías locales no supieron atajar un problema que podría haber evitado la muerte del hombre. Quizá algunos tengan bastante que callar", añadió el dueño.

Junto a él estaban los empleados con rostros serios y con la incertidumbre que les supone el quedarse sin empleo. Uno de los más claros fue el encargado del local, Alín, que anunció que el próximo lunes pedirá una entrevista con el embajador de Rumania en Madrid. "Esto ya está rozando el racismo y no estamos dispuestos a soportar que tengamos que pagar por algo que no hemos hecho", afirmó este responsable. "La noche del crimen avisamos a la policía por teléfono del altercado. Cuando les aconsejamos que dejaran un coche en la zona para prevenir que hubiera más problemas, nos respondieron con muy malos modos que no nos metiéramos en su trabajo. A la vista está que no nos confundíamos con lo que vino después", concluyó Alín.

La oposición en el Ayuntamiento de Torrejón, formada por PSOE e IU, criticó la falta de seguridad que existe en el municipio. El grupo municipal socialista denunció la pasividad del regidor por "la falta de vigilancia policial existente" en las zonas de copas del municipio. De hecho, recordaron que han pedido en varias ocasiones a Rollán que destinara a sus policías a garantizar la seguridad y que no se dedicaran a poner multas a los conductores. "No hay presencia policial preventiva en las zonas de ocio, no hay control de menores en el acceso a las discotecas, no hay inspecciones de venta de alcohol a menores y no hay controles de alcoholemia", aseguraron los socialistas.

IU aseguró que la seguridad del municipio estaba "en entredicho" y que nadie del gobierno local había manifestado ni explicado nada sobre los dos crímenes. "Cuando esto sucede reiteradamente y no se toman medidas preventivas significa que en materia de seguridad existe una ineficacia absoluta", concluyó el grupo municipal de IU.