La izquierda 'abertzale' marchará hoy en San Sebastián

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu autorizó ayer, en contra del criterio policial y de la fiscalía, la manifestación con que la izquierda abertzale abre tradicionalmente la Semana Grande de San Sebastián. El magistrado justifica su decisión en que el Gobierno vasco no había prohibido la marcha, y que lo habría hecho de haber apreciado indicios de la comisión de algún delito. No obstante, el juez ordena al departamento de Interior que vigile la manifestación e impida el enaltecimiento de "personas, grupos terroristas o asociaciones declaradas ilegales", así como actos de "menosprecio o humillación a las víctimas".

Nada más conocer la decisión judicial, el Gobierno vasco anunció un cambio en el recorrido de la manifestación para evitar que la marcha interfiera en el inicio de la Semana Grande, y en lugar de concluir en el Boulevard deberá hacerlo en la plaza de Okendo.

La manifestación, con el lema Por los derechos de Euskal Herria, fue convocada por un grupo denominado Ciudadanos de San Sebastián que, según el fiscal, está integrado por personas relacionadas con la izquierda abertzale que han sido dirigentes o candidatos de diversas formaciones del entorno de Batasuna. Seis de los siete firmantes, según la Policía, están relacionados con formaciones que han sido ilegalizadas.

El fiscal pidió la prohibición de la marcha por tratarse, en su opinión, de una convocatoria blanca o encubierta de una marcha que en ediciones anteriores ha sido aprovechada para que los participantes profiriesen gritos en favor de ETA y protagonizasen graves alteraciones el orden público.

Sin embargo, el juez Fernando Andreu señala que el promotor de la manifestación, Gorka Goyache, realizó la oportuna notificación al departamento de Interior del Gobierno vasco y este, "después de examinar las circunstancias concurrentes", estimó que la marcha se encuentra dentro de los límites constitucionales y decidió no prohibirla.

Según el juez Andreu, es la autoridad gubernativa la que tiene a su cargo la seguridad ciudadana y la prevención de delitos, por lo que, si el Gobierno vasco hubiera apreciado la existencia de indicios sobre la comisión de un presunto delito, no habría permitido la manifestación y lo habría puesto en conocimiento de la autoridad judicial.

Derecho penal de autor

El juez agrega que de los informes policiales recabados "no puede inferirse la existencia de ilícito penal, pues en ningún momento hasta la fecha se hace referencia a que en el acto convocado se vayan a realizar actos de enaltecimiento a personas, grupos o elementos terroristas o menospreciar a sus víctimas". Con esos datos no es posible limitar el derecho de manifestación, so pena de incurrir, sigue el juez, en un "derecho penal de autor" que castiga no lo que la persona haya hecho, sino lo que pueda hacer en virtud de sus antecedentes, lo que vulneraría las garantías del proceso.

No existiendo indicios de delito, el juez autoriza la manifestación, pero ordena al departamento de Interior del Gobierno vasco que impida actos de enaltecimiento o apoyo a ETA y organizaciones de su entorno, así como "la utilización de pancartas, lemas o eslóganes" que puedan suponer amenazas a personas e instituciones.