Registros de los objetores de conciencia

Ya no basta con negarse únicamente de palabra. La ley que despenaliza el aborto obliga también a los médicos que deseen acogerse a la objeción de conciencia a manifestar su intención "anticipadamente y por escrito". Para ello, el Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya, al igual que otros como el de Madrid, cuenta ya con un registro de facultativos objetores de conciencia. El listado recoge, garantizando su confidencialidad, la identidad de todos aquellos profesionales que se niegan por razones morales a realizar prácticas concretas.

Entrar en el registro no es obligatorio. De hecho, según explicaban ayer fuentes del Colegio vizcaíno, de momento ningún facultativo ha presentado un escrito sobre las interrupciones voluntarias del embarazo en esta provincia. En otros colegios ni siquiera existen registros que identifiquen a los objetores, pero no se descarta crearlos ante las necesidades que plantea la nueva ley. Sanidad tampoco ha puesto en marcha un listado de este tipo.

El Colegio de Médicos de Vizcaya no tiene anotado ningún caso

Sí resulta obligatorio, sin embargo, informar por escrito de la negativa a practicar abortos en el centro en el que el médico ejerce. Por ello, diversos hospitales vascos tienen intención de abordar esta cuestión después de las vacaciones de verano.

A pesar de todo, los centros hospitalarios vascos bordearán el debate. Y es que, por decisión del Departamento de Sanidad, bajo el argumento de garantizar todos los abortos, no acogerán el principal volumen de interrupciones voluntarias de embarazo.

El aborto libre, hasta las 14 semanas, lo atenderán los centros privados y el Módulo de Asistencia Psicosocial de Rekalde, del Ayuntamiento de Bilbao, mientras que los hospitales de Osakidetza asumirán los que se realicen por razones exclusivamente médicas entre las 14 y las 22 semanas de embarazo. Es decir, que los hospitales de Osakidetza intervendrán únicamente a las mujeres cuya vida corra riesgo debido al embarazo o cuyos fetos presenten graves anomalías.

Para los casos más extremos, la ley recoge la creación de un comité clínico. En el de Euskadi participan seis especialistas, tres de ellos titulares: dos pediatras y cuatro ginecólogos, obstetras y especialistas en diagnóstico prenatal.

Hasta la entrada en vigor de la nueva ley, los hospitales públicos de Euskadi han realizado un porcentaje reducido, aunque superior a la media nacional, de los abortos. La razón principal que aducían los facultativos para rechazar las operaciones era que las mujeres no cumplían los requisitos de la ley. Esta únicamente permitía los abortos terapéuticos: malformaciones graves del feto, violaciones y riesgo de la salud materna. Los médicos de Osakidetza únicamente admitían los casos plenamente constatables, en general del primero de esos supuestos.