Geopolítica de barrio

El pasado día 19 de julio, el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Alejandro Sánchez, del Partido Popular, anunció su intención de cobrar un peaje a todas las personas que entren a Gibraltar, con el objetivo de "compensar", los perjuicios que, en su opinión, "soporta" la ciudad por estar al lado de la colonia británica". La situación económica del Ayuntamiento de La Línea tras los sucesivos mandatos del primero gilista y después popular, Juan Carlos Juárez, es catastrófica. El municipio arrastra una deuda de 120 millones de euros y no tiene dinero ni para pagar con regularidad a su plantilla.

Tras las ya olvidadas promesas de convertir la localidad en un referente turístico de sol, golf y polo -un Sotogrande chico, era la definición preferida- de su predecesor, el actual alcalde solo plantea dos escenarios: o el Estado les da dinero por su excepcional situación fronteriza o se la montan al Estado por uno de los frentes más sensibles y prolongados de las relaciones internacionales de España.

"El impuesto significara crecer por nuestros medios", dice el alcalde

La Carta Económica Especial ha dejado en La Línea 110 millones de euros

Sánchez encargó días atrás, a los técnicos municipales, la elaboración de un estudio que permita "reordenar el tráfico en las inmediaciones de los accesos a Gibraltar", estableciendo la llamada tasa de descongestión para los visitantes que cruzan a diario desde La Línea con destino a Gibraltar. El alcalde tiene previsto dar a conocer hoy los detalles concretos del plan que, según el mandatario popular, "viene avalado por el marco normativo comunitario que encuentra figuras análogas en ciudades europeas como Londres". Los datos avanzados desde el Consistorio plantean una tasa que afectaría a peatones y ocupantes de vehículos que entren al Peñón a través de la Verja. La única excepción serían los más de 4.000 trabajadores españoles que cada día entran en la colonia británica para trabajar y que portarían "un documento de salvaguarda" que acreditaría su situación. El gobierno municipal considera que el flujo de vehículos que realizan cada año el trayecto entre La Línea y Gibraltar supondrá unos ingresos de alrededor los 30 millones de euros. Según el alcalde, este impuesto indiscriminado significaría: "Crecer por nuestros propios medios y obtener una base económica autosuficiente e independiente".

Las pretensiones del Ayuntamiento de La Línea no han sentado nada bien en el Ministerio de Asuntos Exteriores. "Dicha pretensión es, desde el punto de vista de la normativa comunitaria, ilegal", sostienen fuentes diplomáticas, "atentaría contra el principio básico de la Unión Europea de libertad sobre el tránsito de las personas". Además, las mismas fuentes insisten en que "dicha pretensión es desde el punto de vista de la normativa Española igualmente ilegal, al no estar avalada por ningún expediente administrativo".El diputado por Cádiz del PSOE y presidente de la Comisión de Infraestructuras, Salvador de la Encina, anunció que "en la hipótesis de que el alcalde de La Línea de la Concepción procediera sin más a ejecutar lo que todavía ha sido sólo un anuncio en prensa, el Gobierno de España como garante de la legalidad, se vería obligado a exigir el cumplimiento de la misma y se requeriría de inmediato la anulación de dicha medida por manifiesta ilegalidad".

"Sánchez no puede justificar la implantación de la tasa o peaje a quienes entren a Gibraltar en los ingresos que percibe del Estado, porque está recibiendo un 35% más que municipios con la misma población". "La aportación económica del Estado por la Carta Económica Especial ha proporcionado a La Línea más de 110 millones de euros", sostiene De la Encina.

La Asociación Socio Cultural de Trabajadores españoles en Gibraltar (Ascteg) y el sindicato gibraltareño United también están en contra de la tasa. Los españoles sostienen que "algunos empresarios de Gibraltar se están aprovechando de esta situación para coaccionar a los trabajadores". El secretario general de United, Charli Cizarelo, considera que la tasa "tensaría las relaciones de vecindad". Una tensión que ya se ha alimentado esta semana de la particular visión de las relaciones internacionales del alcalde de La Línea, que ordenó a la Policía Local un "control de documentación" a los vehículos que trataban de llegar a Gibraltar. Lo que se tradujo en largas colas y malestar.