La tentadora acción de oro

El prolongado contencioso entre Portugal Telecom (PT) y Telefónica por el control de Vivo, la principal operadora brasileña de telefonía móvil, reabrió el viejo debate sobre la llamada acción de oro (golden share, en inglés), que algunos Estados mantienen en empresas que fueron privatizadas y que son consideradas de interés estratégico. El Gobierno portugués quedó expuesto a la crítica pública el pasado 30 de junio, cuando hizo uso de dicho derecho especial y vetó la venta de Vivo a Telefónica por 7.150 millones de euros, que había sido votada por el 74% de los accionistas presentes en la junta general de PT.

Finalmente, la sangre no llegó al río porque las negociaciones continuaron entre bastidores y se cerró la operación por 7.500 millones de euros. Aparentemente, los ánimos están más calmados. Es tiempo de vacaciones, y las partes implicadas, Telefónica, Portugal Telecom y el Gobierno portugués, cantan victoria. En resumen, todos contentos.

Galp y EDP van a ser privatizadas este año por completo

El Gobierno quiere mantener el poder de veto en ambas empresas

El éxito de la operación acalló el ruido que provocó el uso de la acción de oro por el Gobierno portugués, sobre el que cayó una lluvia de críticas desde medios empresariales y de la Comisión Europea, que calificaron el veto de interferencia a las reglas de libre circulación de capitales en la Unión. El Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, puso la guinda al declarar ilegal el uso de la acción de oro en el caso de Portugal Telecom.

Frente a la opinión dominante en medios económicos que considera la acción de oro como una herramienta obsoleta, el primer ministro portugués, José Sócrates (socialista), defendió en una entrevista a este diario los derechos especiales del Estado "en empresas que desempeñan un papel importante en las economías, como energía y comunicaciones" como "una forma light de preservar el interés general", y arremetió contra "las posiciones ideológicas ultraliberales".

En el caso de Portugal Telecom, el Estado posee 500 acciones de categoría A, que le otorgan derechos especiales y poder de veto en asuntos como la elección de un tercio de los administradores de la empresa, incluido el presidente del Consejo, y el veto de operaciones de compra o venta que requieren la autorización previa de la junta general de accionistas.

El Estado portugués tiene derechos especiales en otras dos empresas privatizadas y que considera estratégicas para el país. En Galp, la gran corporación energética, y en la eléctrica EDP. El tribunal de Luxemburgo también tiene que pronunciarse sobre la legalidad de la acción de oro en ambos casos. Se da la circunstancia de que el Gobierno contempla para este año la privatización total de ambas compañías, en las que el Estado mantiene una participación directa. Y de nuevo la polémica sobre las acciones de oro está garantizada.

El objetivo del Gobierno es conservar la posición de accionista estatal, con obligaciones convertibles, durante cinco a siete años y también mantener el derecho a los dividendos y derecho de voto durante este periodo, según explicó Carlos Costa Pina, secretario de Estado del Tesoro y Finanzas, en una entrevista al semanario Expresso. ¿Y los derechos especiales? "En los casos de PT, EDP y Galp, tenemos una divergencia técnica y legal con la Comisión Europea", considera el funcionario portugués, que defiende la presencia del Estado como accionista directo o indirecto en aquellas empresas que considera estratégicas.