Una red de empleados de telefonías estafó a estas 27 millones
La Guardia Civil ha desarticulado una red acusada de estafar a compañías de telefonía móvil en un fraude que podría alcanzar los 27 millones de euros. Se ha detenido a 32 personas acusadas de delitos de estafa, usurpación de estado civil y encubrir delincuentes. La red estaba extendida por siete ciudades españolas y tenía en su poder más de 43.400 tarjetas y cerca de 1.500 teléfonos móviles, según la Guardia Civil. También se han incautado 180.000 euros en efectivo.
La denominada Operación Movoda se inició el pasado febrero, cuando agentes del instituto armado detectaron una serie de estafas con tarjetas de telefonía móvil. Posteriormente se descubrió que en la trama participaban distribuidores oficiales de teléfonos móviles.
Estos trabajadores agotaban el saldo de tarjetas telefónicas llamándose a sí mismos a números de tarifa especial que previamente habían contratado. Después vendían las tarjetas ya sin saldo a varios locutorios y bazares. Los dueños de los locales distribuían las tarjetas a una red organizada que continuaba con una estrategia enrevesada y perfectamente coreografiada.
Cambio de operadora
A través de una web ubicada en Sudamérica, los dueños de los locales solicitaban el cambio de operadora telefónica para conseguir teléfonos de última generación gratis con la portabilidad de un operador a otro.
Para los contratos con las nuevas operadoras, la red proporcionaba direcciones falsas, pero tenía colaboradores también en la empresa de mensajería. Conseguía que los teléfonos móviles llegaran a su destino gracias a su connivencia con mensajeros, que los remitían a lugares previamente acordados. Así conseguían teléfonos de última generación prácticamente gratis. Una vez que los terminales estaban en manos de la red, entraban en juego otra vez los bazares y locutorios, que los compraban a bajo precio para venderlos al público.
En el marco de esta operación, que aún continúa abierta, se han realizado 18 registros en domicilios y locutorios de Castellón, Barcelona, Lleida, Toledo, Málaga y Valencia. Es en esta última ciudad donde se han realizado más detenciones, 23. También se ha intervenido diverso material informático y documentación que está siendo analizada.
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