¡'Visca' Cataluña y olé!

A quienes apoyamos la Iniciativa Legislativa Popular contra las corridas de toros en Cataluña, así como a quienes celebramos el resultado de la votación en el Parlamento catalán el pasado 28 de julio, que ha supuesto la prohibición de esa práctica en aquella Comunidad a partir del 1 de enero de 2012, nos han acusado (entre otros cargos que van de discutibles a ofensivos, pasando por absurdos e irrisorios) de catalanismo. Son acusaciones espurias, es decir, basadas en falsedades: hay que recordar, una vez más, que la ILP ha sido impulsada desde el entorno del movimiento animalista y presentada a trámite con el aval de numerosas firmas ciudadanas; hay que repetir, una vez más, que yo misma, por poner solo un ejemplo entre muchos, he apoyado la ILP abolicionista de Catalunya desde el principio del proceso y no soy catalana ni de enésima generación, que sepa. Repito: no soy catalana ni tengo nada que ver con el catalanismo.

Pretenden empañar, confundir, enturbiar con tintes identitarios lo que tiene el color de una ética

Se trata, además, de acusaciones perversas, porque funcionan como muñecas rusas que encierran a su vez, o en realidad, otras cuestiones. Para empezar, un doble desprecio hacia nosotros, los abolicionistas, los antitaurinos. Desprecian, por una parte, nuestra lucha por los derechos de los animales, negando la posibilidad de que todo lo que ha sucedido, el éxito logrado, sea producto de esa lucha, de una conciencia altruista y responsable, comprometida: pretenden minimizar el impacto social, moral, que supone el triunfo de nuestros presupuestos ideológicos; pretenden empañar, confundir, enturbiar con tintes identitarios lo que tiene el color de una ética y una compasión universales. Lo quieran o no, les guste o no a los taurófilos. Al hacerlo, desprecian también la institución, la mecánica democrática, que se ha usado como un derecho al fin desarrollado, como una herramienta madura, y cuyos protocolos se han respetado de manera escrupulosa, ejemplar. Por otra parte, a través de esas acusaciones desprecian nuestro derecho a sentir una legítima, lógica, consecuente admiración por una autonomía, una nación o como quiera que se denomine a Cataluña, que para los abolicionistas de todo el mundo se ha convertido en referente.

Sí, el mundo ha estado mirando con atención a Cataluña. Sí, los antitaurinos estamos agradecidos al Parlament catalán. No solo eso: a partir de ahora, efectivamente, los antitaurinos consideramos que Cataluña está por delante de cualquier lugar que no prohíba la tortura a los animales. Lo raro sería lo contrario. Personalmente, la posición de Cataluña en este aspecto me ha vuelto catalanista, en el mero sentido de apreciar más su cultura. ¿O es que puedo, por ejemplo, ser anglófila, es decir, sentir una fundamentada inclinación por lo inglés, pero no puedo ser catalanista, es decir, sentir una fundamentada inclinación por lo catalán? ¿No resulta de lo más coherente sentir atracción por una sociedad que consideramos ha dado un salto sustancial en su desarrollo ético y moral? Pretender lo contrario no es más que una burda manipulación de los hechos, de los sentimientos y de la inteligencia.

Se acusa en general al proceso de haber sido politizado. ¿Qué podemos decir al respecto, ya que tantas suspicacias parece despertar, no solo en los taurófilos, sino en muchos ciudadanos no necesariamente aficionados a la tortura del toro? Por mi parte, puedo confirmar, con seriedad y sin rubor, dichas sospechas, que en realidad considero verdades de Perogrullo: el proceso de la ILP catalana abolicionista es político porque ha sido discutido por parlamentarios en su Cámara suprema, su Parlamento; es político porque ha sido votado por sufragio; es político porque se ha desarrollado según las reglas del sistema democrático. Pero no olvidemos que el asunto que se discutió y se votó, la prohibición de un espectáculo en el que se maltrata salvajemente al toro, era político antes incluso de la primera firma recabada por Leonardo Anselmi y los animalistas de Prou: era político porque hacía faltar legislar; era político porque apelaba a un asunto público; era político porque tenía que ver con el Gobierno que rige a una comunidad. ¿O es que es político ahora, cuando el pueblo y sus legítimos representantes se han expresado en contra de la tortura, pero no era político antes, todas las veces que el Rey Juan Carlos se ha manifestado a favor de esa tortura? De hecho, hace tiempo que venimos recordando al Monarca su obligación de mantenerse al margen de este debate, el deber que conlleva su cargo (o posición o privilegio) de no intervenir, de no hacer pública su opinión, precisamente porque lo consideramos un asunto político (la ética lo es).

Si él no ha cumplido con las normas, nosotros sí. Sin embargo, este es el valor de la democracia; aquellos, los límites, respetados o no, de la Monarquía. Fíjense si es político el asunto que, de momento y por razones políticas, una iniciativa semejante no puede prosperar en Madrid: lo impide la mayoría absoluta parlamentaria del PP. Lo que no impide que haya que tener en cuenta la ILP impulsada por El Refugio y la lucha que inició el 28 de marzo la plataforma La Tortura No es Cultura. Pues ahora sabemos que con trabajo, apoyos y la fuerza de la razón algún día podremos decir "¡Viva Madrid!" como hoy estamos en todo nuestro derecho a proclamar "¡Visca Cataluña!". Y olé.