Abuso de posición

Los controladores aéreos han votado ir a la huelga en contra de la variación de sus condiciones laborales, pero delegando en la junta directiva de su sindicato la fijación de la fecha de inicio y duración de la misma. Con ello dejan abierta la posibilidad de no formalizar la convocatoria mientras prosiguen las negociaciones, que ayer se reanudaron, pero a la vez refuerzan la presión sobre la sociedad porque la incertidumbre extiende los efectos de la amenaza: provoca cambios de planes de vacaciones, cancelaciones de viajes y de reservas hoteleras por un periodo indefinido.

Con ello no solo amargan la vida a mucha gente sino que perjudican gravemente a la principal industria del país, el turismo, que pugna por superar la crisis. Los controladores tratraron ayer de desviar contra el ministro de Fomento (al que acusan de interferir en la negociación mediante decretos) la responsabilidad de esos trastornos, pero entre las reivindicaciones de su plataforma han incluido la aplicación inmediata del real decreto aprobado el viernes pasado por el Gobierno fijando los horarios laborales y periodos de descanso. El argumento es que más vale una mala regulación que la situación actual.

Es incoherente, pero puede interpretarse como un gesto para favorecer la negociación, al que ha respondido el ministro con su disposición a discutir ese y otros puntos de la plataforma sindical. Si llega a producirse, será la primera huelga legal del sector, aunque hay antecedentes de huelgas encubiertas, de celo o por la vía de bajas médicas simuladas como las desplegadas desde que el Gobierno aprobó, en febrero, modificaciones que afectaban sobre todo al regimen salarial. Especialmente, al sistema de computar como horas extras, pagadas al triple que las ordinarias, gran parte de la jornada laboral real.

Los 2.200 controladores españoles han estado cobrando sueldos muy altos y disfrutando de unas condiciones laborales y organizativas que perpetuaban esa situación. Lo han podido hacer porque su posición les otorgaba una fuerte capacidad de intimidación sobre los administradores públicos: una huelga de controladores puede paralizar un país (hay antecedentes) y provocar graves destrozos económicos. A cambio, han suscitado una antipatía social sin parangón: algo que ha comenzado a preocuparles, como demuestran sus declaraciones de las últimas horas diciendo que ellos no harán una huelga salvaje.

Según AENA, entre el 16 y el 20 de agosto están previstas 27.000 operaciones en los aeropuertos españoles. Una huelga de controladores en agosto y en plena crisis económica sería un hecho muy grave. Los portavoces de su sindicato dicen ser conscientes de ello, y seguramente también lo son de que no les conviene que llegue a producirse, pero a la vez se resisten a renunciar a sus privilegios. El Gobierno tiene razón en su intención de poner fin a las inercias que han llevado a esta situación. Mantener el pulso contra una opinión pública ya muy irritada sería el mayor error que los controladores podrían cometer.