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La consejera de Inmigración pide a Robledo que cumpla la ley de empadronamiento

El alcalde de Robledo de Chavela, Mario de la Fuente (PP), no está dispuesto a cumplir ni las demandas de las ONG, ni las solicitudes de la oposición, ni las órdenes de su propio partido en lo referente al empadronamiento de inmigrantes en su municipio, donde un 14% de los 3.800 habitantes son extranjeros. El regidor, que desde hace más de dos años aplica una normativa ilegal que impide el registro en el padrón a los inmigrantes que no tengan un contrato de trabajo en vigor (requisito que no exige a los españoles en paro), insiste en no aplicar la Ley de Bases de Régimen Local, que no establece tal condición, y que es de obligatorio cumplimiento en todo el Estado.

La última en advertir al alcalde sobre la ilegalidad de sus actos fue la consejera de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad, Paloma Adrados, quien ayer instó públicamente a De la Fuente a aplicar la Ley de Bases. "Yo siempre he defendido el cumplimiento de la ley", aseguró Adrados refiriéndose a Robledo. "Todos los Ayuntamientos de la región deben observar las normas que regulan el empadronamiento y aplicarlas por igual a todos los conciudadanos", añadió la consejera.

No es la primera vez que miembros del PP regional piden al regidor que se amolde a la normativa vigente. Tanto el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, como el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, han solicitado a De la Fuente que retire sus requisitos ilegales, reclamos a los que el alcalde optó por hacer caso omiso.

Tampoco admitió el regidor la moción que presentó la oposición de su municipio en el último pleno (30 de junio) solicitando la retirada de este reglamento. En aquella ocasión, alegó que él disponía de la competencia absoluta en materia de empadronamiento y que las condiciones no variarían.

Además, el Defensor del Pueblo, que ha recibido una queja denunciando la situación por parte de ATIME, la asociación de inmigrantes marroquíes mayoritaria en España, y otra del PSM, remitió el pasado 16 de julio una carta al Ayuntamiento de Robledo instándole a que cumpla la ley. "Aún no ha respondido", confirma una portavoz de la institución. "Si no lo hace, le enviaremos hasta tres requerimientos. Y si seguimos sin respuesta, le presentaremos como Administración entorpecedora en el informe que llevamos anualmente al Congreso".

De la Fuente se niega a responder las preguntas de este diario. "Solo lo haré ante los tribunales", afirmó el 7 de junio, la última vez que decidió hablar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de agosto de 2010