Los militares tendrán derecho a saber qué nota les dan sus jefes

La opinión que tienen los jefes sobre las capacidades y aptitudes profesionales de sus subordinados es fundamental para las expectativas de promoción en cualquier empresa. Pero no es habitual que los superiores deban ponerlas cada año por escrito, ni que su contenido sea un secreto para los afectados. Salvo en las Fuerzas Armadas.

Del informe personal de calificación (IPEC), regido por una orden ministerial de 1993, depende en gran medida la posibilidad de que un militar ascienda, prorrogue su contrato o acceda a determinados cursos o destinos.

Se trata de un formulario en el que cada jefe debe calificar, de 0 a 10, aspectos de sus subordinados tan subjetivos, y a veces alejados de su quehacer profesional, como el "grado de soltura, espontaneidad y autocontrol en el trato fuera del servicio o en actos sociales"; o "de despreocupación ante dolencias propias sin trascendencia".

Dispondrán de 10 días para presentar sus alegaciones en caso de discrepar

Cuando la calificación es inferior a 4 -es decir, claramente negativa- el superior debe "orientar al interesado sobre su competencia y forma de actuación profesional", pero sin revelarle el contenido del informe, que tiene carácter confidencial. Es decir, el militar no sabe por qué ha suspendido ni puede, en consecuencia, recurrir su calificación.

Muchos consideran que este procedimiento es arbitrario, pues depende en exclusiva de la buena o mala relación personal entre subordinado y superior. Favorece así a los aduladores o a los que tienen jefes más generosos a la hora de calificar; mientras que perjudica a los que menos se esfuerzan por caer bien al superior, aunque hagan bien su trabajo, y a los que tienen mandos más estrictos en el reparto de la puntuación.

El problema no era grave cuando primaba la antigüedad y los militares conocían con años de antelación la fecha en que ascenderían. Pero los IPEC son cada vez más relevantes en un sistema en el que ascensos, destinos y cursos se deciden según criterios de mérito y capacidad, y los militares deben someterse periódicamente a procesos de evaluación y clasificación.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, tiene lista una orden que revoluciona los IPEC. Para empezar, ya no será solo el superior el que los confeccione, sino una junta de calificación con tres miembros. Si alguno tiene igual empleo que el evaluado, deberá contar con al menos cuatro años más de antigüedad para evitar que ambos compitan. Y si un examinador queda en minoría, podrá expresar su opinión a través de un voto particular motivado.

Las 66 preguntas del formulario actual se simplifican y reducen a 21, con mayor peso para las relacionadas con el cometido profesional y menor para el carácter personal. Desaparecen alusiones a la "disciplina" y el "compañerismo", pero se mantienen las referidas a la "entrega" y la "lealtad"; y se valora la "exposición franca y constructiva de sus opiniones para la toma de decisiones del mando".

Lo más relevante, en cualquier caso, es que el afectado tendrá derecho a ser informado de su calificación, y dispondrá de un plazo de 10 días para presentar alegaciones, si no está conforme. La junta volverá entonces a reunirse y modificará o no su informe antes de elevarlo al mando superior. Éste, a su vez, podrá ratificarlo o discrepar del mismo, por considerar que la valoración no responde, por exceso o por defecto, a la aplicada a otros militares en situación similar. En este caso, la opinión del mando valdrá un 30%, frente al 70% de la junta de calificación.