El traspaso de las políticas activas queda pendiente del visto bueno de Salgado

El Gobierno vasco y los ministerios de Política Territorial y de Trabajo tienen cerrada ya la negociación, tanto en sus aspectos técnicos como políticos, sobre la transferencia a Euskadi de las políticas activas de empleo, auténtico emblema del desarrollo del Estatuto al que se ha comprometido el lehendakari, Patxi López. Ambas partes trabajan ya en la formulación exacta del complicado decreto que deberá recoger de forma exhaustiva las características del traspaso, ya censadas y cuantificadas, con la aplicación de la metodología del Cupo a cada partida, y otros puntos, como los anexos de personal y edificios y los informes de las respectivas oficinas de control económico, indican fuentes del Ejecutivo autonómico.

Ambos gobiernos ya han adelantado la redacción del decreto

"A partir del 1 de septiembre pueden hacerlo como quieran", dice el PNV

El 'lehendakari' recalca que no se negocia sobre las políticas pasivas

Sin embargo, falta aún un último trámite: el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda, cuya titular, Elena Salgado, viene dando largas desde hace ya casi dos meses a una reunión comprometida con el Gobierno vasco. Fuentes oficiales de la Vicepresidencia Segunda del Ejecutivo central confirmaron a EL PAÍS que está pendiente una cita sobre las políticas activas de empleo, pero no facilitaron ninguna fecha, más allá de señalar que se produciría "en las próximas semanas".

En la esperanza de que nada se tuerza a última hora, el Gobierno de López mantiene la expectativa de que el traspaso se formalizará en septiembre, como en su momento recalcó el propio lehendakari, de modo que el PNV no pueda vetarla aprovechando la nueva negociación presupuestaria en el Congreso como hizo el año pasado.

Los peneuvistas parecen, en todo caso, menos interesados que hace meses e incluso dan muestras de querer alejarse del debate. "Tenemos un acuerdo firmado para que [la transferencia] se realice en determinadas condiciones, que vence el 1 de septiembre. A partir de esa fecha pueden hacerla como quieran o no hacerla", indicaron fuentes oficiales de la ejecutiva del PNV. Ahora "no se está hablando de nada de eso", recalcaron.

Medios del Ejecutivo piensan que el PNV no pondrá ahora tanto empeño en volver a frenar el traspaso. "Ya les parecerá un juguete desgastado. Lo lógico es que pidan otros nuevos", ironizan estos medios, que opinan también que el PNV puede haber concluido que insistir en el veto puede volverse en su contra y quizá encuentre más rentable dedicarse a criticar con dureza las condiciones del traspaso. El PNV reprocha que se haya renunciado a las bonificaciones a la contratación que se pagan con cuotas a la Seguridad Social, reclamación de este partido que bloqueó la transferencia en ocasiones anteriores.

Aun con las críticas del PNV, para López supondría un importante tanto politico poder abrir el curso con el anuncio de ese esperado acuerdo, ya sea en su comparecencia informativa después del primer Consejo de Gobierno a la vuelta de las vacaciones, previsto para el próximo 31 de agosto, ya a finales de septiembre ante el debate de política general. Este será el primer año en que lo afronte como lehendakari, ya que el pasado se prescindió de él ante la cercanía con el de investidura de López.

Los últimos escollos que ha debido superar la negociación han tenido que ver con la dedicación casi exclusiva del Gobierno central desde principios de mayo a las medidas de ajuste, la reforma laboral y al debate sobre el estado de la nación, que han congelado los contactos en torno a la transferencia. Hace casi dos meses que el Ejecutivo de Patxi López está recibiendo largas a la cita pendiente con la Vicepresidencia económica del Gobierno central, todavía sin fecha, y que resultaría decisiva, según las fuentes consultadas.

Aunque las dificultades económicas han desplazado, también en Euskadi, el interés sobre cuestiones como el desarrollo del autogobierno, la citada transferencia presenta unas circunstancias especiales: Empleo suspira por un traspaso que supondrá una inyección de 300 millones de euros, justamente para políticas laborales.

En este punto estriba una de las dificultades con que ahora ha tropezado la negociación. Dicha cifra supone el doble de lo que Lanbide, el Servicio de Empleo de Euskadi. Esos 150 millones añadidos significan un nada desdeñable 1% del ahorro de 15.000 millones en el gasto público impuesto a España por la Unión Europea.

El Gobierno no descarta que ahora el Ministerio de Economía ponga pegas a esa cuantificación del coste de la transferencia. El Ejecutivo teme que el departamento de Salgado intente limar la cantidad en que se traducen las partidas acordadas con Política Territorial y Trabajo. La intención es materializar el traspaso en cuanto cumpla el plazo impuesto por el PNV para su supervisión de la transferencia.