La ría de Vigo tardará otros cuatro años en quedar descontaminada

Todos, después de año y medio de sucesivos reparos, coincidieron ayer en felicitarse por superarlos y en señalar la fecha como "histórica". El convenio que permite avanzar en la construcción de la nueva depuradora de Vigo fue firmado con solemnidad ante la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, por el conselleiro del mismo departamento de la Xunta, Agustín Hernández; el presidente de Acuanorte, Jorge Marquínez, y el alcalde, Abel Caballero.

La nueva planta, presupuestada en casi 230 millones de euros, saldrá a licitación en septiembre, las obras comenzarán el próximo año y las instalaciones podrían estar en funcionamiento en 2016 de acuerdo con el calendario que ahora se maneja con vaguedad. Los representantes de las tres administraciones implicadas en la obra han tenido que superar "momentos difíciles y complicados", admitió Caballero. Espinosa abogó por "olvidar un poco la historia" y mirar hacia adelante, ya que también, con la firma del convenio, "se deja atrás" la amenaza de sanción europea por la calidad insuficiente del agua de la ría para la cría de moluscos.

Una fecha "histórica" para los políticos y "aciaga" para los vecinos de la zona

El Ministerio de Medio Ambiente, a través de Acuanorte, aportará 112 millones de euros (48,7% del total); la Xunta contribuirá con más de 104 millones (45,37%), que se convertirán en 120 millones por los costes del pago aplazado (que financiará Acuanorte) y el Ayuntamiento sufragará 13 millones (5,94%) en los terrenos, cuyas expropiaciones ejecutará Aqualia, concesionaria del servicio municipal de aguas, y pagará unos 37 millones de IVA a través de una figura jurídico-mercantil aún sin definir, pero que permitirá su posterior deducción.

Espinosa subrayó la implicación del Gobierno en el proyecto, pese a no ser declarado de interés general del Estado, y precisó la definición de Galicia de Álvaro Cunqueiro como "terra dos mil ríos" para señalar que exactamente son 10.516 si se abre la cuenta, con criterio rosaliano, a las fuentes y regatos, todos los cuales han sido singularmente castigados por vertidos de aguas residuales que el Gobierno está tratando de atajar con una inversión de 500 millones de euros en los últimos años. La depuradora de Vigo se lleva la palma como la obra más costosa en su género que se ejecuta en España.

La nueva planta, indicó la ministra, también representa un importante reto técnico. Ocupará parte de los terrenos de la actual, que seguirá funcionado durante las obras, y dispondrá de los más sofisticados sistemas de tratamiento. Tendrá capacidad para atender las necesidades de una población equivalente a 800.000 habitantes, irá parcialmente soterrada para aminorar impacto visual, olores y ruidos y contará con un nuevo emisario submarino, de mayor capacidad, y una nueva acometida eléctrica. La ministra confió en que a la licitación se presenten las grandes empresas de construcción y tecnológicas españolas, "que son líderes mundiales en el sector", precisó, lo que podría introducir algunas novedades en el actual proyecto de Acuanorte pese a hallarse "muy definido", según Marquínez.

Las tres administraciones estarán representadas en una comisión de seguimiento de la obra y en el comité de dirección de la misma. Los tres políticos que las encarnaban tuvieron en sus alocuciones palabras para recordar las penalidades que la actual planta ha causado al vecindario del entorno, que, sin embargo, ayer mismo reiteraba su oposición al proyecto y, contra lo enfatizado por aquellos, consideran la fecha de ayer "gris y aciaga". Su valoración es negativa porque, entre otras cosas, según el portavoz vecinal, José Antonio Fernández, el proyecto no aborda el saneamiento integral de la ría, ya que hay otros focos importantes de contaminación, y porque incumple la distancia de 2.000 metros de los núcleos de población a que obliga la ley (dos centros escolares quedarán a menos de 100 metros), por lo que continuarán sus litigios.