El Síndic pide que no se interrogue a los menores sobre su vida personal
Los jueces y el fiscal también rechazan el cuestionario que aplica Justicia
"¿Alguna persona de tu familia inmediata -padre, madre o hermanos- ha estado alguna vez en prisión?". "¿Alguna vez has intentado herirte: por ejemplo, cortarte, quemarte, etcétera?". "¿Alguna vez has estado tan deprimido o desesperado que has pensado en acabar con tu vida? ¿Lo has intentado alguna vez?".
Estas son algunas de las preguntas que contiene el cuestionario que desde hace más de dos años utiliza el Departamento de Justicia con los jóvenes acusados de cometer algún delito. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la fiscalía y casi todos los jueces de menores y los profesionales que trabajan con ellos consideran que las preguntas afectan a su intimidad y han pedido a Justicia que reconsidere su aplicación.
La Generalitat defiende su contenido y razona que solo pretende evaluar el riesgo de reincidencia de los jóvenes, pero las voces críticas recuerdan el principio constitucional de presunción de inocencia y el derecho a no declarar contra uno mismo. Por eso, los profesionales censuran que sea obligatorio plantear el cuestionario a los chavales -que se pueden negar a responder- y que algunas preguntas den por sentado que han delinquido, cuando en muchas ocasiones ni siquiera han sido juzgado. Entre las cuestiones que se plantean a los jóvenes figuran algunas de este tipo: "¿alguna vez has cometido delitos y no te han descubierto?, ¿de qué tipo?"; "¿qué edad tenías cuando empezaste a cometer delitos?"; "¿habías tomado alguna sustancia en el momento del delito?".
Vulneración de derechos
El cuestionario SAVRY, cuya denominación corresponde a las iniciales en inglés del manual para la Valoración Estructurada del Riesgo de Violencia en Jóvenes, empezó como una experiencia piloto en enero de 2006 en un centro de Girona. Ahora está extendido por toda Cataluña, donde hay poco más de 300 jóvenes internos cumpliendo condena y otros 1.500 en régimen abierto. Los profesionales de Justicia Juvenil de la Generalitat denunciaron hace más de dos años la aplicación generalizada del cuestionario y llevaron el caso al Síndic de Greuges.
El informe que el pasado 15 de abril emitió esta institución es contundente. "Las vulneraciones de derechos que comporta el SAVRY se derivan de su aplicación generalizada y automática a todos los menores con independencia de su situación concreta y, por tanto, sin tener en cuenta su interés concreto", asegura. Ribó censura también que el cuestionario resulte de aplicación obligatoria y que no permita a los profesionales elegir la información que consideren relevante para realizar sus informes.El Síndic recomendaba en su informe que Justicia reconsiderase la aplicación del cuestionario SAVRY cuando no existiera condena, porque "en la medida en que no hay delito, el riesgo de reincidencia no puede ser valorado".
El impulsor del test es Jordi Samsó, director general de Ejecución Penal en la Comunidad y de Justicia Juvenil. Anteriormente había sido director general de Seguridad Ciudadana, cuando la ahora consejera de Justicia, Montserrat Tura, lo era de Interior. El pasado 11 de mayo, haciendo caso omiso de la recomendación del Síndic, Samsó remitió una carta a los profesionales que trabajan con menores, para advertirles de que, pese a las recomendaciones de Ribó, no se había producido "ningún cambio o instrucción diferente por parte de esta dirección general con relación a este tema".
El Síndic recomendaba también que se revisara la aplicación del SAVRY para asegurar el cumplimiento del principio de mínima intervención y que se excluyesen las preguntas obligatorias que afectasen a la intimidad de los menores y sus familias. También aconsejaba que se informase al menor de que era libre de responder y del uso que se daría a esa información, y que en los estudios que se hiciesen se asegurase que prevalecería el interés de los afectados.
En el sistema de justicia juvenil de la Generalitat trabajan unos 350 profesionales en asesoramiento a los juzgados de menores y en medio abierto, cuando el joven cumple la pena y queda en libertad vigilada. Más de un centenar de estos trabajadores enviaron una carta a la consejera Tura el pasado 30 de junio en la que solicitaban que se atendieran las recomendaciones del Síndic. Un mes después todavía no han recibido respuesta, ni la esperan.
"¿Y esto para qué lo quiere saber el juez?"
"Lo que no se puede hacer a un joven es dispararle y luego buscar su complicidad". Así se expresa un técnico que lleva años trabajando en la reinserción de menores cuando cumplen la pena y que constata la incomodidad que supone preguntarle a un menor por su intimidad y después buscar su colaboración para que no vuelva a delinquir.
Y es que entre las preguntas que plantea el SAVRY figuran otras del tipo "¿alguna vez causaste heridas de importancia a alguien en la escuela?" o "¿han tenido tus amigos algún problema con la policía a causa del alcohol o las drogas por algún comportamiento delictivo?".
Otra educadora que realiza informes previos al juicio explica que parte de los jóvenes se niegan a responder y que, en ocasiones, se molestan por el interrogatorio. "¿Y esto para qué lo quiere saber el juez?", han espetado en alguna ocasión. "Si ya es difícil preguntarles sobre su vida la primera vez que han de ir a juicio, la cosa se complica si se entra en estas cuestiones personales", asegura esa profesional.
Ramon Mariñosa, titular del Juzgado de Menores número 4 de Barcelona, se muestra menos crítico con el SAVRY que la mayoría de sus colegas. Admite que el cuestionario puede vulnerar la intimidad de los jóvenes, pero lo considera un mal menor. "Lo importante son las conclusiones, no el método empleado", concluye.
