El narco exige titulares

Las autoridades mexicanas han acusado al cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, de estar detrás del secuestro de cuatro periodistas en Durango (norte de México), que concluyó el sábado con el rescate de los dos camarógrafos que aún estaban retenidos. Tanto por la identidad del autor, como porque los delincuentes usaron a los reporteros para intentar emitir a nivel nacional "propaganda criminal", el que constituye hasta ahora el mayor desafío a los medios de comunicación en México es un capítulo que parece lejos de haberse cerrado: los periodistas mexicanos han proclamado la necesidad de replantear tanto la cobertura de la violencia como la responsabilidad del Gobierno y la desunión del gremio.

Los delincuentes liberaron a dos reporteros; otros dos fueron rescatados

Las autoridades señalan al Chapo Guzmán, capo del cartel de Sinaloa

El sábado fue el mismo presidente, Felipe Calderón, quien, a través de su cuenta de Twitter, dio el primer indicio público de que se acercaba la resolución de la crisis de los periodistas, que habían sido tomados como rehenes el 26 de julio. "La Policía Federal realiza un operativo para rescatar a los periodistas secuestrados en La Laguna", publicó en esa red social el mandatario a las 9:27 horas. A las 12:00 horas, Calderón oficializó también en Twitter que los reporteros habían sido liberados. Tres horas después, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, presentaba ante las cámaras a los rescatados (con evidentes señales de maltrato) y acusaba a El Chapo de ser el responsable del secuestro. El trabajo de inteligencia, dijo, posibilitó el cerco a los delincuentes, que huyeron. No hubo detenidos en el operativo.

Los periodistas habían sido "levantados", como se conoce al secuestro que no exige dinero para liberar a la víctima, después de haber cubierto una "protesta" en las afueras del penal de Gómez Palacio, en Durango. Los manifestantes demandaban la restitución de la directora del presidio, quien está acusada de facilitar armas y vehículos a internos de la cárcel que algunas noches salían a perpetrar matanzas a la vecina población de Torreón, en el Estado de Coahuila. De enero a julio, estos presos-sicarios habrían matado al menos a 35 personas.

Ese lunes, los automóviles donde viajaban el reportero Héctor Gordoa, de Televisa México, y los camarógrafos Alejandro Hernández, de Televisa Torreón, y Javier Canales, de Multimedios Laguna, fueron encontrados a seis kilómetros de la cárcel, calcinados. Pero de ellos ni rastro. Luego se supo que había otro periodista levantado, Óscar Solís, de El Vespertino. En total, cuatro en un primer momento. Aunque la noticia corrió como rumor pocas horas después, la mayoría de los medios de comunicación atendieron la petición de las empresas editoras de los rehenes de mantener discreción a fin de facilitar las gestiones. Milenio, un diario que forma parte de Multimedios, terminaría publicando el miércoles la información, incluyendo detalles de la "negociación", en la que los narcotraficantes pedían que se emitieran tres vídeos con narcomensajes.

Fruto de esas negociaciones, los secuestradores liberaron el jueves al reportero Héctor Gordoa. Pero el hecho de que los delincuentes siguieran reteniendo a los camarógrafos, revelaba ayer Milenio, dio pie a la operación policial de rescate.

La noche del jueves, dos de los periodistas estrella de Televisa y Milenio TV suspendieron su participación en sendos programas para protestar por la gravedad de la situación y para rechazar que los criminales pretendan someter a los medios.

Se abrió entonces un compás de espera que terminó con las emisiones especiales de este sábado, cuando Televisa y Milenio TV dieron a conocer el fin de la toma de rehenes. Se supo luego que los periodistas sufrieron tortura física y psicológica, y que durante todo el tiempo estuvieron vendados y maniatados.

Un cabo suelto lo representa Óscar Ortiz, de El Vespertino, quien habría sido liberado el martes, según ha trascendido, pero de cuyo paradero no se tiene noticia.

Esta crisis ha desatado un debate en la profesión periodística sobre la necesidad de que las autoridades cumplan con su deber y garanticen la seguridad, y también de que el gremio deje de lado sus diferencias y "enfrente unido esta amenaza". Ayer comenzó a circular entre periodistas una carta que pretende impulsar una reflexión colectiva bajo la lógica de que, pasado lo peor, la amenaza no ha disminuido en absoluto.