Un informe del ordenador de Zubiaurre fijará su implicación en el espionaje
La juez ha encargado también un estudio informático a Microsoft
Las investigaciones sobre el caso Zubiaurre tendrán nuevos datos tras el verano, cuando la juez disponga de un informe de la Ertzaintza de los dos únicos imputados hasta ahora: el ex director general de Sprilur Antton Zubiaurre e I. U., un empleado de la SPRI (ambas sociedades públicas dependientes del Departamento de Industria), que fue su chófer personal. Se les acusa de espionaje a altos cargos de la consejería. El estudio policial, en el que trabaja desde julio la Policía Autónoma, analiza los discos duros y los correos de los dos ordenadores personales de ambos, según confirmaron a EL PAÍS fuentes próximas a la investigación.
Los terminales fueron incautados a Zubiaurre y al empleado de la SPRI el pasado 25 de junio cuando se hizo pública la investigación iniciada cuatro meses antes. El ex directivo de Sprilur fue detenido aquel día en su casa de Mendaro y trasladado al juzgado y su ex chófer, que no pudo ser localizado en su domicilio, se presentó voluntariamente ante la juez tras enterarse de que le buscaban.
La ley establece penas de hasta cinco años de cárcel por ese delito
Las principales pruebas son las IP, identificadores que tienen los terminales
La Ertzaintza analiza desde julio los ordenadores de los dos imputados
Los agentes trabajan en desentrañar los dos ordenadores personales de ambos y especialmente cruzar los datos con los terminales de altos cargos del Departamento de Industria que han sido presuntamente espiados. La Ertzaintza realizó a mediados de mes un exhaustivo barrido en las dependencias de las dos sociedades, ubicadas en la plaza Bizkaia, en Bilbao, donde comparten con otras firmas del Ejecutivo autónomo un edificio abierto hace tres años. Como adelantó este diario, la vigilancia se ha centrado en el director técnico de Sprilur, Pedro García, y, según los primeros datos, se realizaba desde el exterior. Es decir, se había instalado un programa en los ordenadores de Sprilur y la SPRI antes de la llegada del PSE al Gobierno vasco.
Las principales pruebas contra Zubiaurre son las denominadas IP (las siglas en inglés de Protocolo de Internet), y que son los identificadores de cada ordenador y que sirven para conectarse con otros. En las diligencias, según los medios consultados, aparecen varios identificadores del ordenador personal del ex director general de Sprilur y uno del otro imputado, igualmente de su terminal personal. A diferencia de los móviles, cuyo rastreo es fácil porque aparece claramente el número de teléfono, en los ordenadores no hay una IP fija y varía debido a la gran cantidad de terminales que se conectan a diario a la red. Solamente, si un usuario lo pide, y paga por ello, dispone de un identificador con un número fijo, lo que no ocurría en el caso de los dos imputados. Por ello, la labor de identificación (como en este caso para determinar desde qué ordenador se ha accedido a la información de los terminales de la SPRI) es más compleja.
La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, encargado del caso, ha solicitado también un informe a Microsoft, el fabricante del sistema operativo de los ordenadores, para que le determine si la información manipulada en los terminales de Industria procede de los de Zubiaurre e I. U. También ha solicitado datos similares a las compañías telefónicas que actúan de servidores.
En las diligencias realizadas hasta ahora, el único informe concluyente es la denuncia presentada en marzo por la SPRI ante lo que consideraba un caso de espionaje. La sociedad pública de Industria detectó a principios de año fallos en los ordenadores de algunos empleados. Tras descartar que se tratara de un virus, se comprobó que alguien estaba accediendo a la información de los terminales informáticos. Aunque al principio se pensaba que el caso podría estar protagonizado por una red organizada de espionaje político y se esperaban más implicados (entre ellos varios empleados de la SPRI), las pesquisas en esta fase inicial siguen limitándose a los dos imputados.
Ahora se cree que se trata de una trama más personal en la que el principal objetivo sería el lucro económico. La Ertzaintza ha investigado a dos agentes de la Policía Autónoma para determinar si colaboraron con Zubiaurre en la presunta vigilancia ilegal, aunque estas pesquisas todavía no se han incorporado a las diligencias, según los mismos medios. Y es que tanto el ex director general de Sprilur como su ex chófer tienen unos mínimos conocimientos de informática, por lo que la organización de la presunta vigilancia desde fuera de las dependencias de la SPRI y Sprilur habría requerido la colaboración de expertos.
Este caso es el segundo presunto espionaje conocido este verano, tras la supuesta vigilancia ilegal de dos ertzainas a dirigentes políticos y empresariales en Álava.
Descubrimiento y revelación de secretos
Tanto Antton Zubiaurre como I. U. se encuentran en libertad con cargos desde el pasado 25 de junio. La imputación concreta de la juez es el presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en el artículo 197 del Código Penal. Se trata, en esta causa, de apropiarse de información de otras personas de índole económica para ser suministrada a terceros. La ley fija penas de prisión de hasta cinco años en este supuesto.
El acceso a datos de Sprilur o la SPRI puede ser un negocio por sí mismo, ya que atesoran en sus archivos información muy delicada sobre planes urbanísticos y propiedades del Ejecutivo o las diputaciones, que es aprovechable, si existe interés en ello, para alterar el precio de las cosas. La SPRI, que ha sido remodelada en profundidad por el nuevo Gobierno, nació para acometer la promoción de empresas industriales. En 1995, se creó Sprilur, destinada a la localización y compra de terrenos industriales, y que estos 15 años ha invertido casi 500 millones en esa labor.
Tras levantarse el secreto de sumario, como informó este periódico, el delito imputado se ha conocido el pasado 2 de julio, cuando habían pasado siete días de la detención de Zubiaurre en su casa de Mendaro y de que el empleado de la SPRI se personase en el juzgado ese mismo día tras no haber sido localizado por la Ertzaintza.
Los datos de la presunta vigilancia ilegal de los implicados aportados por la Ertzaintza -los correos electrónicos supuestamente interceptados a los directivos de Industria- se refieren a un periodo de poco más de un mes, por lo que aún no se ha determinado si el espionaje se centra en esa fechas, entre febrero y marzo, o existía anteriormente. Zubiaurre estuvo de director general de Sprilur entre 2000 y 2007, cuando abandonó, según las explicaciones oficiales, por problemas de salud: había sufrido una dolencia cardíaca.
La investigación, salvo el informe de la Ertzaintza sobre los ordenadores personales de ambos, quedará ahora prácticamente paralizada, ya que la juez del caso se encuentra de vacaciones.
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