El 'caso Zubiaurre' apunta al lucro personal como móvil principal

El caso Zubiaurre, el presunto espionaje imputado al que fue director general de Sprilur, la sociedad pública del Departamento de Industria, va derivando en una trama más personal ya que el principal objetivo se centra en el lucro económico. Las investigaciones del juzgado de instrucción número 10 de Bilbao señalan que, al menos ahora, no se percibe la existencia de una trama organizada con fines políticos, según las fuentes consultadas por EL PAÍS.

Un mes después de que se conocieron los hechos, la juez mantiene como únicos imputados a Antton Zubiaurre, ex alcalde del PNV en Mendaro (Guipúzcoa) y director de Sprilur desde 2000 a 2008 con los gobiernos de Ibarretxe, y su entonces chófer personal y ahora empleado de la SPRI. Zubiaurre, según las pesquisas, dejó instalado un sistema de vigilancia en ordenadores de altos cargos de dicha sociedad. El presunto espionaje se centró en el actual director técnico de Sprilur, Pedro García, en cuya terminal se ha detectado una parte importante de la vigilancia ilegal, pero también se extendió a su jefe superior, el director general de Sprilur, Manu Iturrate, y el director general de SPRI (la principal sociedad pública de Industria con 150 empleados), Tomás Orbea.

La Ertzaintza investiga si dos agentes colaboraron con los imputados

Los ordenadores fueron manipulados antes de que el PSE llegara el pasado año al poder en Euskadi y las primeras pesquisas, unido al hecho de que uno de los espiados fuera Orbea (en contacto directo y continuo con el consejero de Industria Bernabé Unda), sugerían una trama organizada con móviles económicos pero también políticos. El hecho de que centrarse en el director técnico, quien sigue al día todas las cuestiones de Sprilur (dedicada a la gestión de suelos industriales), revela el interés por conocer estas gestiones, que suponen una documentación de relevancia: por ejemplo proyectos para la compra de terrenos o sus precios. Una información que, con conocimiento previo, es un negocio en sí mismo.

La red parece limitada a pocas personas. Al principio, también se apuntó a otros empleados de la SPRI pero la juez no ha adoptado ninguna otra decisión. Lo que si se ha investigado, según los medios consultados, es la colaboración de otras personas con Zubiaurre, un gestor urbanístico pero con básicos conocimientos de informática. La Ertzaintza ha emprendido una investigación sobre dos agentes de la Policía Autónoma para determinar si colaboraron con Zubiaurre en este caso.

La Ertzaintza rastreó de manera concienzuda, durante una semana a mediados de julio, la sede de la SPRI y de otra sociedad pública de Industria, el EVE (Ente Vasco de la Energía), ubicadas en el centro de Bilbao. El objetivo era comprobar si había otros dispositivos de escucha o vigilancia pero no se descubrió nada. Se rastrearon los despachos de directivos y de otros empleados y, posteriormente, los ordenadores de los trabajadores.

La actuación policial sí pudo comprobar las deficiencias de seguridad en el edificio que alberga las dos sociedades públicas, pese a que se abrió hace únicamente tres años. Los ertzainas constataron que se podían escuchar con facilidad las conversaciones en los despachos aunque se encontrasen cerrados e incluso de una planta a otra del inmueble. Por ello, la Policía Autónoma recomendó al Gobierno que se adopten nuevas medidas de seguridad y que se acabaran con prácticas poco recomendables de dejar la documentación en las mesas y que los directivos y empleados se acostumbraran a depositarlas en armarios cerrados.

Tras este caso, apenas dos semanas después, saltó a la luz pública otro presunto espionaje, derivado del caso de Miguel, la supuesta corruptela de altos cargos del PNV en Álava. En este escándalo, la vigilancia ilegal implica a dos ertzainas de la Unidad Antiterrorista, que presuntamente pasaron información de dirigentes políticos y empresariales al ex número dos del PNV de Álava, Aitor Telleria.