Perdones que cuestan la vida

Desde hacía dos años, Amelia Amaya Jiménez, la última víctima mortal por violencia de género en el País Vasco, sufría malos tratos. El pasado mes de mayo se atrevió a denunciar a su pareja en una comisaría de la Ertzaintza, según Interior. Tuvo la "valentía", que ayer pedía la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Gobierno vasco, Mariola Serrano, de intentar poner freno a continuos malos tratos con el objetivo de encaminarse "hacia una vida libre de violencia".

La decisión que tomó Jiménez a principios de mayo se truncó el pasado domingo cuando, presuntamente, Antonio G. J., el que había sido su pareja, le propinó una paliza que acabó con su vida. La víctima y su agresor "habían retomado algún tipo de relación", según fuentes de la investigación, ya que ambos se dirigieron juntos al domicilio donde se produjeron los hechos. Una vivienda del barrio bilbaíno de Txurdinaga cuya propietaria es la madre del ahora principal sospechoso. Jiménez tenía que haber recogido la orden de alejamiento de su pareja el pasado día 13. La medida de protección fue dictada por un juzgado a raíz de la denuncia que interpuso la víctima en mayo. Además, sobre su agresor pendía una orden de localización, según informa Efe.

El Ayuntamiento de Bilbao se personará como acusación popular

Ocho de las víctimas mortales de 2009 quisieron parar el proceso judicial

Serrano recordaba en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao, después de asistir a la concentración en repulsa del crimen, que "muchas veces nos encontramos ante esta situación. No es algo excepcional porque en el camino hacia una vida lejos de sus agresores, muchas veces las mujeres sienten debilidad. Una situación que les hace dar marcha atrás y volver con su agresor". Los colectivos que trabajan con mujeres víctimas de la violencia de género apuntan que existen determinados factores, como la dependencia psicológica o económica respecto a sus agresores, que entorpecen tanto la protección de las mujeres como los procedimientos judiciales abiertos una vez interpuesta una denuncia por las renuncias o perdones de las víctimas.

Precisamente, el último Informe sobre Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondiente a 2009, recoge por primera vez las actuaciones judiciales efectuadas previas al asesinato de las víctimas. Del estudio se desprende que de las 55 mujeres asesinadas en toda España el año pasado, 17 habían denunciado a su agresor. De estas, ocho expresaron en algún momento del proceso judicial que no querían continuar con el mismo, según recoge el CGPJ.

Este tipo de situaciones, subrayó la directora de la Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, imposibilitan "la protección de la mujer porque ha ido al foco del conflicto". A pesar de que los vecinos del inmueble donde Jiménez fue asesinada aseguraban el lunes que los malos tratos eran constantes, la víctima, según la Ertzaintza, no presentó a partir de la denuncia de mayo ninguna otra que alertase a los agentes de que el agresor había incumplido la pena de alejamiento que se le había impuesto y que las palizas habían vuelto. Determinar el número total de órdenes de protección quebrantadas es imposible, señalan desde el CGPJ.

En el primer trimestre de 2010, en el País Vasco, se han cometido, de un total de 845 delitos instruidos por violencia de género, 69 violaciones de las medidas de seguridad impuestas por el juez. Suponen el 8,2% del total, pero, como señalan las mismas fuentes, "son sólo aquellas que las víctimas o algún familiar han remitido o las que la propia policía ha podido constatar".