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El Superior anula el cambio del reglamento municipal de Getxo

La oposición modificó la norma para que el PNV aplicara las mociones

El País

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha avalado que el alcalde de Getxo, Imanol Landa (PNV), no ejecutara un acuerdo plenario promovido por el PP y el PSE-EE que aprobó un nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM). La actualización de estas normas buscaba dar más poder de decisión a los grupos que no ostentan el gobierno. Así, por ejemplo, permite que las mociones aprobadas en el pleno sean vinculantes. Hasta ahora, las iniciativas de la oposición, en mayoría, no se aplicaban en la práctica, según denunciaron PP y PSE en multitud de ocasiones.

El tribunal tumba la denuncia de la oposición -suma 14 concejales frente a los diez del PNV-, porque estima que el acuerdo es nulo, ya que no se produjo la preceptiva tramitación previa. El juez determina que ambos grupos debían haberla tratado en una comisión informativa y precisaba de un expediente administrativo.

El tribunal anula el acuerdo por haberse omitido trámites necesarios

Esta es la tercera vez que los tribunales confirman la legalidad de la actuación del alcalde al no ejecutar dos acuerdos plenarios promovidos por la oposición. Uno se referían al ya citado ROM y el otro a unas nuevas tasas e impuestos municipales.

Landa aseguró ayer que esta sentencia confirma "la impotencia y mala fe de la señora (Marisa) Arrúe" -portavoz del PP en Getxo- "que se pasa la vida sacándose fotos ante los tribunales con la esperanza de conseguir en los mismos el apoyo que los getxotarras no le han dado en las elecciones durante sus veinte años de candidata".

En esta ocasión, el TSJPV ha estimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Getxo y ha revocado un fallo anterior, de 2008, dictado por el Juzgado de lo Contencioso número 5 de Bilbao. En él se declaraba que el Consistorio había incurrido en "inactividad" con la no ejecución del acuerdo plenario extraordinario que aprobó el nuevo Reglamento Municipal. Y, por tanto, entendía que se habían vulnerado derechos fundamentales de los recurrentes.

Landa señaló que la propuesta del ROM "no era sino la formalización de la voluntad de despojar de competencias al alcalde y al gobierno municipal y trasladarlas al pleno, en el que actuaban conjuntamente, para así gobernar desde el mismo".

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