Costas de servidumbre militar

La Ley de Costas lo deja claro. Todas las playas son públicas y se debe garantizar su acceso a pie y por mar. Pero en la provincia de Cádiz la excepción marca la regla. En la frontera entre El Puerto de Santa María y Rota una valla separa la playa de Fuentebravía de la del Almirante. La reforzó el año pasado el Ministerio de Defensa para proteger la seguridad de la base naval de Rota. Los civiles no pueden pasar aunque este año se conceden permisos especiales. En Camposoto, en San Fernando, y en El Retín, en Barbate, existen limitaciones en el uso cuando se realizan maniobras militares. A la costa gaditana le pesan sus servidumbres.

Rota ha sido el municipio más combativo. La playa del Almirante fue cerrada totalmente al público, incluidos los militares de la base y sus familiares, el año pasado cuando crecieron las quejas municipales por el agravio que suponía que esta playa pudiera ser disfrutada por unos cuantos privilegiados mientras que al otro lado de la valla levantada por Defensa, en la zona portuense, se aglomeraba la masa de bañistas.

Las autoridades han decidido levantar este año el veto total a la playa, que era contrario a la Ley de Costas, y han vuelto a permitir el baño a los residentes en el recinto militar y también, de forma controlada, a los civiles de fuera. Para ello los civiles deben solicitar un impreso en el Ayuntamiento de Rota, con el que pueden obtener una licencia para acceder a la playa durante 15 días. Dos semanas después de poner en marcha esta iniciativa, sus responsables ya reconocen su fracaso. Hasta ahora, aunque ha habido gente interesada, no se ha presentado ninguna solicitud.

"Es una playa sin servicios, obliga a entrar por la base, necesita de un papeleo. ¿Para qué tantas molestias si tienes 30 kilómetros de litoral abierto justo al lado y con todos los dispositivos de limpieza, seguridad y chiringuitos?", se responde el alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez, de Roteños Unidos. El regidor reconoce, además, que tampoco se ha promocionado la nueva posibilidad de utilizar la playa.

Los ecologistas y colectivos pacifistas tienen otra versión del fracaso. Ellos, que siempre han reivindicado el uso civil de la playa, se han negado a hacer uso de lo que consideran "una limosna ridícula". IU les ha apoyado. El parlamentario Ignacio García califica la actitud de Defensa como "trasnochada, paternalista y cortijera". Los permisos que está dispuesta a conceder la base de Rota responden a "una subordinación de la sociedad civil a lo militar que ya creíamos superada", advierte. Por eso, ha animado a los turistas y vecinos a que "no pasen por la humillación de pedir permiso al Ejército para usar una playa que es de todos".

En otros dos municipios gaditanos perviven también playas con restricciones militares. En el acuartelamiento del Retín se disfruta de una de las franjas costeras mejor conservadas. La presencia de la Armada ha frenado en los últimos 20 años cualquier intento de urbanización, como los que se pensaron en su día en el marco del plan de Puerto de la Plata que destapó el caso Juan Guerra. La playa de los militares, como se la conoce en Barbate, es de libre acceso y mantiene su estado prácticamente virgen. Pero no siempre se puede utilizar. Las continuas maniobras de la OTAN o de la Armada española limitan muchas veces su utilización.

Todos los planes de desafectación diseñados para esta parte de la costa han terminado fracasando. Este año, al menos, el Ayuntamiento de Barbate ha conseguido un logro histórico: que el Ministerio de Defensa permita ceder una pequeña parcela de 20 hectáreas para la construcción de una piscifactoría y una carretera.

En una situación similar se encuentra San Fernando, donde también está restringida la zona militar de Camposoto. El Ayuntamiento sueña con planes hoteleros y residenciales en unos terrenos de unas 150 hectáreas situados frente a la playa.

Es un sueño que dura ya 30 años. Ahora, aprovechando los avances conseguidos en Barbate y en otros municipios gaditanos con instalaciones militares en desuso, se ultima también un acuerdo en San Fernando, pero todavía debe esperar a tener el visto bueno de las máximas autoridades militares.