Crueldad en Irán

Presionado por las sanciones internacionales y contestado internamente por una disidencia acallada a tiros, el régimen iraní mantiene los usos represivos más extremos. Tras la revolución islámica, el país recuperó la lapidación, pero lo cierto es que sobre esta pesaba en la práctica una moratoria que se convirtió en oficial en 2002. El triunfo de Mahmud Ahmadineyad tres años más tarde y la repulsa popular a su segunda y amañada victoria electoral a la presidencia, han impulsado el regreso a una modalidad de pena de muerte que repugna a la comunidad internacional, pero también a la ciudadanía iraní, cuyas organizaciones cívicas pelean por abolirla de su Código Penal.

Parece que la próxima víctima de un ajusticiamiento por lapidación, tras cinco años en prisión, podría ser una mujer de 43 años llamada Sakineh Mohammadi Ashtianí, acusada del delito de adulterio y cuyos hijos han tenido el inusual valor de proclamar públicamente su inocencia. La foto de su rostro con chador se ha convertido en un símbolo de las organizaciones de derechos humanos, que han lanzado una activa campaña para parar un sistema penal medieval que desprecia todas las conquistas de la civilización.

La lapidación penaliza fundamentalmente a las mujeres, y no solo porque ellas sufran el mayor número de condenas. Las mujeres son enterradas hasta el cuello, los hombres, hasta la cintura. Si un reo es capaz de escapar en pleno apedreamiento, la pena queda conmutada. Es un sistema extremadamente cruel, para el que no se pueden utilizar piedras demasiado pequeñas, que no hagan mella en el condenado, ni demasiado grandes, que lo maten rápidamente. El testimonio de cuatro hombres, o el de tres hombres y dos mujeres, es suficiente para una condena. El bárbaro procedimiento castiga un tipo de supuestos delitos que evidencian el empeño de una teocracia fundamentalista por mantener el férreo control de la familia y las costumbres.

Bajo la supervisión de Ahmadineyad y del gerontocrático y oscuro Consejo de Guardianes, el anacrónico y dictatorial régimen iraní, que basa su legitimidad última en designios ultraterrenos, mantiene en lista de espera para ser apedreados hasta la muerte a otros 15 reos, vulnerando con ello los convenios internacionales de derechos que Teherán ha suscrito. Detener las lapidaciones es imperativo por un elemental principio humanitario.