Ensanchar las costuras de los trajes

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, y los socialistas valencianos libran en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia su particular batalla. Desde que el Tribunal Supremo decidió reabrir la causa el pasado 12 de mayo -en una sentencia por unanimidad y muy dura contra el archivo decretado por el tribunal que preside el "más que amigo" de Camps, Juan Luis de la Rúa- las defensas de los imputados y la acusación popular han intentado adecuar las costuras de la instrucción a sus intereses.

Camps, empeñado en rebatir los indicios que existen en su contra, ha hecho varias peticiones al juez instructor José Flors. La defensa de Camps ha pedido disponer de un perito propio para analizar, al margen del perito judicial, los pagos de las empresas corruptas del caso Gürtel a las tiendas donde el jefe del Consell y los otros tres imputados -el ex secretario del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret- ampliaron su guardarropía.

Camps busca ganar tiempo para ratificar su candidatura

El PSPV reclama una instrucción que incluya los delitos más graves

También ha pedido que declaren uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, y su abogado Ignacio Peláez -que mantuvieron una conversación en la cárcel en la que el primero señalaba que Camps se había pagado los trajes- y una periodista de El Mundo para que ratifique el contenido de una entrevista realizada a Isabel Jordán -imputada también en el caso Gürtel, que en una conversación grabada afirmaba que había pagado las facturas de la ropa de Camps-.

Simultáneamente, la Generalitat y el PP han buscado dilatar la instrucción del caso Gürtel en el TSJ de Madrid tras la decisión del juez Antonio Pedreira de inhibirse parcialmente en favor de su homólogo valenciano José Flors.

Pedreira considera que hay indicios de que personas aforadas del PP podrían haber cometido varios supuestos delitos, incluido el cohecho, el delito electoral y la financiación irregular, que están conectados con la causa de los trajes que instruye el juez Flors.

Fuentes del PP reconocen, en privado, que la estrategia de Camps pasa por dilatar la instrucción y la convergencia de los dos procesos en uno solo. El objetivo, según estas fuentes, sería ganar tiempo para ver ratificada su candidatura a la presidencia de la Generalitat y buscar la exculpación en las urnas.

Sin embargo, esta estrategia es vista con preocupación en otras instancias del PP, que creen que, de producirse esta dilación en la instrucción, Camps trasladaría el problema al propio Mariano Rajoy en vísperas de unas elecciones generales.

Frente a la postura del presidente de la Generalitat, los socialistas han trazado su propia hoja de ruta judicial. Para el PSPV, el delito que Flors imputa a Camps -cohecho pasivo impropio- está relacionado con los otros enumerados por Pedreira, lo que se podría traducir en una imputación de cohecho, cuyas consecuencias son mucho más graves y que en caso de culpabilidad puede penarse con la inhabilitación política.

En este contexto, los socialistas han solicitado a Flors la inclusión de las declaraciones realizadas en el TSJ de Madrid por tres de los empleados de Forever Young -la empresa donde se vendieron los trajes- y los informes elaborados por la Brigada de Blanqueo de Capitales y la Agencia Tributaria, relativos a la supuesta financiación obtenida por el PP a través de Orange Market y los contratos adjudicados por la Generalitat.

"Nuestro objetivo es que la causa avance", reconoce el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, personado como acusación popular junto con otros tres diputados del PSPV, en el caso de los trajes y en la instrucción del caso Gürtel en Madrid.

Para los socialistas valencianos, las causas que instruyen Flors y Pedreira son la misma. "Un proceso independiente [por cohecho, financiación irregular y delito electoral] del caso de los trajes no se entendería en la calle", argumenta Luna, que insiste en que la trama y las prácticas corruptas son una realidad. "La trama viene a la Comunidad Valenciana de la mano de Francisco Camps, que era muy amigo de Álvaro Pérez", insiste.

El juez Flors ha rechazado todas las peticiones de los socialistas y la mayor parte de las exigencias formuladas por la defensa de Camps, aunque todavía cabe recurso de apelación. De hecho, el instructor del caso de los trajes sólo ha aceptado tomar nueva declaración a Isabel Jordán y a Pablo Crespo. Aunque el juez advierte que Crespo es un imputado que tiene su propio interés en la causa y no tiene obligación de decir la verdad.

Flors también ha aceptado que un perito de la Agencia Tributaria -y no el propuesto por la defensa de Camps- analice la contabilidad relacionada con los regalos de la trama. Flors ha transigido también con la audición de las grabaciones del caso Gürtel, que ya no están bajo secreto de sumario en el TSJ de Madrid. Una concesión que no incluye las grabaciones tomadas en el locutorio de la cárcel entre los cabecillas de la trama que dirigía Francisco Correa y sus abogados. Decisión que frustra, en parte, las aspiraciones de Camps de encontrar fragmentos exculpatorios de que pagó sus trajes. Hecho que no ha podido acreditar frente a los indicios que demuestran lo contrario.

A la causa le queda, por ahora, un ratito largo.