Queda camino por delante

El jueves se aprobó por fin en el Senado la ley de reforma financiera. El texto, de 2.300 páginas, y que constituye la mayor reforma desde la Ley Glass-Steagall de 1933, finalmente, va camino de la Casa Blanca. Pero con los estudios aún pendientes y los reguladores haciendo gala de gran discreción, sigue sin saberse a ciencia cierta qué significan realmente algunas nuevas reglas esenciales.

Los organismos reguladores se propondrán ahora en gran medida crear reglas y exigir su cumplimiento. Por ejemplo, la Reserva Federal, la Comisión del Mercado de Valores y otros organismos de vigilancia han recibido órdenes del Congreso de llevar a cabo unos sesenta estudios. Entre ellos están el análisis de los pros y los contras de los instrumentos de capital contingentes, el impacto económico de los grandes bancos, a quién se debería permitir invertir en fondos de cobertura y el efecto de los límites a las posiciones de los productos básicos en las operaciones de cambio. Algunos temas se adentran en terrenos farragosos, por ejemplo, si el sector de los derivados debería adoptar "descripciones algorítmicas estandarizadas legibles por ordenador" de sus productos.

Los cabilderos también señalan que el verbo "puede" aparece cerca de 1.500 veces en la ley, lo cual es un indicio de en qué medida se delega la autoridad. Por ejemplo, el nuevo consejo de riesgos sistémicos, compuesto por el Tesoro, la Reserva Federal y otros organismos supervisores, "puede" recomendar nuevas reglas más estrictas para los activos de riesgo básico, el apalancamiento y los límites a la concentración. El consejo "puede" trocear empresas, prohibir productos financieros y evitar fusiones si considera que suponen una amenaza para el sistema financiero. Puede que nunca se lleguen a tomar estas medidas, pero ahí están.

No es de extrañar que Wall Street se queje de que la ley que se acaba de aprobar aún deje cierta incertidumbre inquietante. Otras cuestiones clave que siguen siendo confusas son la definición de las operaciones bursátiles por cuenta propia, el alcance de las nuevas reglas de titularización y los límites de la autoridad del nuevo regulador de las finanzas del consumo.

Y lo que ocurre dentro de la burocracia de Washington no es más que parte del juego. Se supone que importantes reguladores de 30 países van a establecer requisitos mínimos de capital y liquidez que tendrán validez a escala mundial. Es posible que algunos de estos interrogantes desaparezcan de aquí a finales de año, pero la constante impopularidad de los bancos y la escasa actividad de la economía de Estados Unidos quizá den pie a nuevos intentos de poner límites a Wall Street más adelante. Puede que, por fin, el marco de la regulación financiera en el futuro sea más claro, pero los tejemanejes y el politiqueo no se han acabado aún.