Reportaje:Primer plano

Cambio de reglas en Wall Street

La reforma de "lo posible" deja muchos insatisfechos y problemas sin resolver

"No más Lehman Brothers , no más AIG", cantaba a los cuatro vientos Timothy Geithner en un intento por dar con los votos que necesitaba para sacar adelante en el Senado las nuevas reglas que gobernarán Wall Street. Pero era, sobre todo, un golpe de mesa del responsable del Tesoro de Estados Unidos ante las críticas por cómo quedó la versión final de la reforma financiera. Unos, los conservadores, porque va demasiado lejos. Otros, a la izquierda, por las omisiones. ¿Pero servirá para acabar con los excesos que llevaron a la crisis?

El presidente Barack Obama no quería que llegara el segundo aniversario del terremoto financiero sin reglas que eviten una quiebra caótica como la de Lehman, que forzó a las autoridades públicas -Tesoro, Reserva Federal (Fed) y Fondo de Garantía de Depósitos (FDIC)- a inyectar 11,5 billones de dólares en el sistema para evitar que cayera por el precipicio, saliendo al rescate de colosos como la aseguradora AIG, los conglomerados Bank of America y

Tras un año de negociación, la reforma restringe la asunción de riesgos
Que los grandes bancos apoyen la reforma hace levantar sospechas
La ley corre el riesgo de crear más burocracia sin un mayor control
La Casa Blanca cree que la ley cambiará cómo hace negocios Wall Street
En la recta final de la negociación se cayó el impuesto a la banca
La reforma no hace frente a los problemas de Fannie y Freddie
Wall Street teme perder peso si no hay reformas similares en el G-20
El demócrata Dodd admite que la ley antepone lo posible a lo deseable
Más información
Y Goldman Sachs suspiró
Obama firma la reforma financiera como reivindicación de su política económica

Citigroup o las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac.

Tras un año de negociación, la reforma salió adelante el jueves. Se vende como el mayor cambio en la estructura de supervisión desde la Gran Depresión. Geithner la resume en una frase, en la que afirma que la nueva legislación "restringirá la asunción de riesgos, limitará el nivel de apalancamiento de las entidades y forzará requerimientos de capital y de liquidez mucho más conservadores, para que las entidades sean mucho menos vulnerables frente a los errores, muchos más capaces de soportar los choques".

Es decir, en sus palabras, se atacará al "imprudente". La firma Deloitte lo condensa en la información remitida a sus clientes en dos objetivos relativamente simples. El primero, rebajar el riesgo en el sistema financiero, limitando las actividades de riesgo en las que se embarcan las firmas individuales y ampliando el abanico de organizaciones que estarán bajo el control de la red de supervisión. Segundo, reforzar la protección del consumidor.

En la práctica, esto se traduce en que los reguladores tendrán más margen de maniobra para poner fin a comisiones abusivas en las tarjetas de crédito hasta desmantelar un banco cuya situación financiera ponga en riesgo al conjunto de la economía. Y al arrojar luz en las esquinas más oscuras de mercados como los derivados, en última instancia afectará al precio de la gasolina o la leche.

Estos son, en síntesis, los puntos principales de una reforma en la que la Casa Blanca promete que "remodelará" la manera en la que se hace negocio en Wall Street y "redefinirá" el papel de los reguladores, para que el público confíe en el sistema y se sienten las bases "para el crecimiento económico y la creación de empleo". Eso sí, una reforma de 2.323 páginas con las debidas concesiones para que la gran banca se adapte sin sobresaltos:

- Protección del consumidor: se crea en el seno de la Reserva Federal una agencia con la autoridad y la independencia necesarias para asegurar que el consumidor reciba una información clara y veraz sobre los términos asociados a productos financieros como hipotecas, tarjetas de crédito o préstamos a estudiantes. Se trata de evitar abusos y costes ocultos. Excluye los relacionados con la automoción.

- Alerta temprana: el Tesoro de Estados Unidos formará un consejo que identificará los riesgos potenciales al sistema que pueden amenazar la economía. Con el secretario del Tesoro presidiendo, estará integrado por los 10 reguladores del sistema financiero (entre ellos la Fed, la FDIC y la SEC), un experto independiente en seguros y cinco representantes de la industria financiera.

- El gran vigilante: la Fed conservará la autoridad de supervisión sobre la gran banca y tendrá voz ante las miles de pequeñas firmas financieras locales (community banks). El Congreso de Estados Unidos realizará una única auditoría relativa a los programas de emergencia activados durante la crisis. El sector financiero ya no podrá elegir a los presidentes de los bancos regionales que integran la Fed.

- Liquidación ordenada: se establece un mecanismo que permitirá a la FDIC desmantelar entidades problemáticas. Es el fin del principio "demasiado grande para quebrar", para evitar que el contribuyente pague rescates como el de AIG. Para no llegar a ese extremo, y limitar el tamaño de las entidades, se imponen requisitos más estrictos de capital y un mayor colchón de liquidez. Las grandes firmas someterán un "plan de su funeral" que marque una hoja de ruta para el caso en que deba ser intervenida.

- Productos exóticos: los bancos deberán escindir en filiales algunos de sus negocios más rentables y de más riesgo en el mercado de los derivados, como los que tumbaron a AIG. Para dar transparencia, la mayoría de estos productos -incluidos los seguros de impago de deuda (CDS)- se negociarán en cámaras de compensación centralizadas o en mercados organizados bajo la supervisión de la CFTC (regulador de futuros).

- La Regla Volcker: la legislación restringe que los bancos inviertan sus recursos propios en operaciones especulativas a través de fondos de alto riesgo (hedge funds) y firmas de capital riesgo (private equity). Esas inversiones estarán limitadas al 3% de sus fondos propios (Tier 1). No podrán negociar por cuenta propia con los depósitos, salvo que lo hagan en nombre de sus clientes.

- Agencias de calificación: los árbitros del riesgo se someterán a un mayor control del regulador del mercado de acciones (SEC), que a su vez ve ampliado su papel con autoridad sobre los hedge funds y los private equity. Se les da mandato para elaborar un estudio sobre posibles conflictos de interés, lo que podría llevar en el futuro a reforzar la supervisión.

- Accionistas: la legislación da más voz entre bastidores a los inversores, al facilitar al pequeño accionista la nominación de representantes en los consejos de administración de las entidades. También podrán pronunciarse sobre las remuneraciones a ejecutivos y empleados de las firmas financieras, aunque, en este caso, el voto del accionista no será vinculante.

El presidente Barack Obama ya dijo antes de que se produjera el voto final en el Senado que estas medidas "pondrán fin a la era de irresponsabilidad que llevó a perder ocho millones de empleos y billones de dólares en riqueza". La reforma, uno de los pilares de su primer mandato, "es buena para las familias, es buena para los negocios, es buena para el conjunto la economía".

Básicamente, la mayor transformación tendrá lugar entre los supervisores. La estructura reguladora creada en la legislación ayudará a las agencias a detectar y esquivar potenciales crisis, como la que se le escapó a la Reserva Federal con el colapso del mercado hipotecario. Y en el caso de que fracasaran, contarán con los instrumentos legales para responder cuando comience.

Harry Reid, líder de los demócratas en la Cámara, explica que el objetivo último es "asegurarnos de que los grandes bancos no juegan con nuestro futuro". O dicho con palabras que llegan mejor al electorado de Nevada (que debe decidir en noviembre si Reid les seguirá representando en Washington), la reforma "va a limpiar Wall Street" y "arreglar el sistema que causó la recesión". "Se acabó este casino que les enriqueció", afirma.

¿Compra el público el mensaje? Una reciente encuesta de Bloomberg reveló que cuatro de cada cinco estadounidenses mostró poca o nada de confianza en la reforma. Es más, opinan que está diseñada más para ayudar a la industria financiera que a la gente de la calle, la denominada Main Street. Es lo que piensa también el senador Tom Coburn. Y para ello se remite a una afirmación del consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, en la que dijo que "el gran beneficiario de la reforma es el propio Wall Street".

En este sentido, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, cree sospechoso "que los grandes bancos apoyen la legislación y que no guste a los pequeños ni al público". Es más, considera que la Casa Blanca y sus aliados demócratas en el Capitolio están fracasando con esta legislación a la hora de atajar las causas reales de la crisis financiera, y lo que consiguen en su lugar es "crear más burocracia".

Más allá de la retórica política, Brian Bethune, economista de IHS Global Insight, cree que la reforma "afronta importantes puntos de vulnerabilidad" en la estructura financiera actual que actuaron como detonante de la crisis. El más destacado, opina, son las medidas para limitar la especulación en los derivados y que se someta a las agencias de calificación a un mayor control. Pero sobre todo, valora el mecanismo para liquidar entidades sistémicas.

Simon Johnson, antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), cree que el paquete legislativo diseñado por Barney Frank y Christopher Dodd va a conseguir un cambio fundamental en la forma de operar de la banca, equiparable al que hace 120 años se logró con la Ley Sherman de Antimonopolios, por la que se constriñó por primera vez el poder que debían tener las grandes corporaciones en el mundo de los negocios.

Sin embargo, lo bueno y lo malo de la reforma dependen de la perspectiva desde la que se examinen los detalles de la legislación. Hasta el propio Paul Volcker, ex presidente de la Fed y asesor de Barack Obama, le pone un "suficiente raspado". El enfado de Volcker tiene lógica, porque se diluye la iniciativa que lleva su nombre para evitar que los bancos especulen con el dinero de sus clientes. Están también los que la califican de inadecuada e irrelevante por las omisiones.

En la recta final de la negociación cayó el impuesto a la banca y los grandes hedge funds, con el que la Casa Blanca esperaba recaudar 19.000 millones de dólares en 10 años para financiar la liquidación ordenada de las entidades en apuros. Fue el peaje que pagaron los demócratas para conseguir el voto de tres republicanos. A cambio, la FDIC elevará la prima de seguro a la banca y se liquidará el fondo de rescate bancario (TARP).

Russ Feingold fue el demócrata que más se opuso a la reforma, porque dice que no es lo suficientemente progresista. Las nuevas reglas son tan tímidas, añade, que teme que haga más daño que beneficio. Su argumento es que no habrá un cambio mayor en la estructura de Wall Street, salvo por las exigencias de la Regla Volcker, y eso podría permitir a los más grandes hacerse con más poder, a pesar de los límites que se imponen.

Se mire como se mire, lo cierto es que la legislación no es tan dura como la vendió hace un año la Administración de Obama a la hora de levantar ese muro que proteja a Main Street de los excesos en Wall Street. Los bancos contarán con un amplio margen de tiempo para adaptar sus modelos y podrán mantener buena parte de las operaciones con derivados, como seguir contratando coberturas de divisas y permutas de tipos de cambio.

Y está por ver, además, cómo reaccionarán Goldman Sachs y Morgan Stanley, a los que se animó a que se transformaran en holdings para acercarlos más a la banca comercial y darles acceso a los fondos de rescate. Ahora podrían plantearse volver al estatus de banca de inversión para evitar, precisamente, las restricciones. Los grandes perdedores serán los grandes supermercados financieros como JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup.

Como explica Deloitte, el impacto se notará en toda la industria de los servicios financieros, no solo en la bancaria. Pero, en concreto, en las firmas que, como las antes citadas, tengan que separar las operaciones más arriesgadas. Y apuntan que los nuevos requisitos de liquidez conllevarán un margen de beneficio menor en el futuro de las actividades especulativas que ahora son más rentables.

Pero el área más importante a la que no hace frente esta reforma es la referida al sistema hipotecario, y en concreto, las firmas semipúblicas Fannie Mae y

Freddie Mac, que incentivaron a los bancos a ofrecer préstamos a gente que no se los podía permitir. Es uno de los puntos que destaca el FMI en su análisis de la economía estadounidense. Un sistema que considera "costoso, ineficiente y complejo" y que ha demostrado ser "insostenible".

El senador republicano Judd Gredd, otro de los miembros más activos durante la negociación, también insiste en este punto como uno de los aspectos más "negativos" de la reforma, porque dice que se "está fracasando a la hora de afrontar un problema que explica gran parte de lo sucedido en el pasado y que seguiremos teniendo en el futuro". El Tesoro admite que es necesaria una reforma de Fannie y Freddie, pero no en este momento.

Más allá de estas omisiones, el Fondo considera que en términos generales la reforma pactada en EE UU es un paso "mayor" en la buena dirección, que corregirá algunas de las "lagunas" que destapó la crisis en la regulación y en la supervisión. Sin embargo, también cree que "se pierde la oportunidad" para reducir el número de agencias actuales. El reto está ahora, añade, en aplicarla sin que "limite" el crédito, "para no minar el repunte".

Y eso es lo que temen en el mundo de los negocios. No es tanto el contenido de la legislación, sino el momento en el que empiezan aplicarse las nuevas reglas en el sistema financiero y el impacto que tendrán en una economía muy débil, donde el crédito a las pequeñas y medianas empresas y las familias brilla por su ausencia. Y también por su efecto combinado con otras de las legislaciones bandera de la Administración de Obama, como la de la reforma sanitaria o la futura normativa energética.

La Business Rountable -asociación que agrupa a los principales ejecutivos de las mayores corporaciones- teme que esta triple batería legislativa cree aún más incertidumbre y desanime a las empresas a contratar. Desde la Cámara de Comercio, su presidente, Bruce Josten, cree que el gran problema es que nadie entiende realmente cómo las nuevas reglas cambiarán el juego. Eso hará "que el capital se mantenga al margen durante años", dice. "Menos capital disponible y más caro", indica el republicano Robert Corker.

Timothy Geithner dejó constancia de que la Administración de Obama tiene claro que "se necesitan bancos que asuman riesgos para que los negocios crezcan y sean prósperos". Pero también dijo que corresponde al Gobierno asegurar "que esos riesgos no amenacen la salud de la economía en su conjunto". Y en este sentido insiste en que la reforma "ayudará a que los bancos sirvan a las necesidades de sus clientes, no para tomar ventaja de ellos".

Otra de las dudas concierne al peso de Wall Street como centro de negocios si los socios del G-20 no imponen reglas similares. Los analistas de IHS Global Insight no creen que la reforma vaya a suponer una seria desventaja competitiva para las grandes firmas estadounidenses en el mercado financiero global, porque "al final se impuso un hilo de sentido común, algo que fue difícil de detectar al inicio de la negociación".

Lo que preocupa a Judd Gregg y a algunos analistas es que para evitar todas estas restricciones, como en los derivados o las operaciones con recursos propios, los grandes bancos con presencia internacional "hagan estas actividades restringidas en el extranjero". Eso, añade, supone una desventaja competitiva para las firmas más pequeñas que concentran su negocio en EE UU y limitará el acceso de los estadounidenses al crédito.

A pesar del rechazo casi frontal de los republicanos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, el paquete final que esta semana será firmado por Barack Obama incluye enmiendas propuestas por el ala conservadora, orientadas a proteger las pequeñas entidades. Pero Richard Shelby, el negociador en la oposición, opina que "esto no es una reforma real". "Es ineficiente, anticompetitiva y amplía la burocracia", dice.

Christopher Dodd admite que "no es perfecta". Y explica que tuvo "que anteponer lo posible a lo deseable". Para el demócrata, lo esencial es que se crea una arquitectura, con una nueva generación de reguladores, con instrumentos "que minimizarán los riesgos". "No se puede legislar la integridad, pero sí se pueden crear los mecanismos para protegernos y que nunca más pasemos por lo que hemos pasado durante los últimos dos años".

Su compañero de filas Byron Dorgan destacó que se trata de un punto de partida, "no de un punto final". De hecho, ahora arranca otra fase en la que legisladores y supervisores deben transformar las miles de páginas en regulaciones específicas. La labor de lobby de Wall Street se espera intensa en este proceso, que puede durar entre 12 y 18 meses. Se trata de entender lo que significa la legislación y de limar asperezas que puedan ser contraproducentes.

Ese esfuerzo por llevar la reforma del papel a la realidad, como dicen los analistas, es una labor titánica. Y ponen como ejemplo de la dificultad la nueva oficina de protección del consumidor, que, según la legislación adoptada, debe estar funcionando en un año. ¿Cómo se define su autonomía cuando va estar integrada en la Reserva Federal y financiada con sus recursos? ¿Y a quién deberá designar el presidente para dirigirla?

Otro ejemplo es el desmantelamiento de la Oficina de Supervisión del Ahorro (OTS, por sus siglas en inglés), cuyas responsabilidades serán integradas en el Controlador de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés). Solo fundir las dos plantillas es todo un reto. Pero, sobre todo, será interesante ver cómo se define su nueva misión sin que eso cree duplicidades con el trabajo que hará la SEC y con el nuevo consejo de riesgos sistémicos. "Tenemos ya a grupos de trabajo planificando", indican desde la OCC.

En total, habrá que llevar a la práctica 243 regulaciones incluidas en la ya bautizada como Ley Frank-Dodd. Son el triple que las que requería la Sarbanes-Oxley. Los reguladores deberán realizar a su vez 67 estudios, y los comités del Congreso, redactar casi un centenar de informes. Y a esto se sumarán las recomendaciones de la comisión independiente que investiga las causas que llevaron a Wall Street a crecer sin control.

A Mike Konczal, miembro del Instituto Roosevelt, no le extraña que la legislación cree tanto escepticismo, porque al final, dice, no hay reglas verdaderamente duras. En su lugar, señala, se encarga a los reguladores hacer estudios, sobre los que se basarán para decidir dónde pondrán los límites cuando vean una amenaza a la estabilidad. Y a la vista de lo sucedido con

AIG y Lehman Brothers, eso no es muy alentador, opina.

Es ese margen de maniobra que se da a los reguladores para ir en diferentes direcciones lo que podría crear más incertidumbre ahora a los bancos. Austan Goosbee, consejero de la Casa Blanca, explica que lo que establece la legislación "son unos principios básicos para áreas en las que queremos unas reglas más justas". "Habrá costes para la banca, claro, pero, aquí, de lo que se trata es de proteger el sistema y al contribuyente", explicó.

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