Álava evitar opinar sobre la investigación en el Parlamento
El diputado foral alavés de Hacienda, José Luis Cimiano, afirmó ayer que el ente foral "no tiene nada que opinar" sobre la eventual creación de una comisión de investigación en el Parlamento vasco sobre los supuestos casos de espionaje político y corrupción que afectan al PNV alavés. "La Diputación de Álava no tiene nada que opinar sobre comisiones de investigación en otras instituciones públicas", respondió tras ser preguntado al respecto durante la presentación del balance de la coyuntura económica de la provincia.
Entre los datos facilitados ayer por el diputado, destaca el que refleja el impacto que tendrá en las arcas forales el recorte de los sueldos de los funcionarios. Al concentrar tanto la sede del Gobierno y el Parlamento, así como la de Osakidetza, la recaudación por IRPF se verá privada de unos quince millones de euros entre 2010 y 2011, explicó Cimiano.
La recaudación fiscal, al cierre del mes de junio, se situó en 705 millones, lo que representa incremento del 20,8% interanual. Álava mantiene así un mayor aumento que Vizcaya (13,1) y Guipúzcoa (6,8), aunque Cimiano reconoció que el pago del IVA del caso Rover por parte de la Agencia Tributaria tuvo que ver en este incremento. Si se descuenta lo abonado por el Estado, el crecimiento en la recaudación es del 12%.
Aunque el diputado quiso destacar que la recuperación será lenta hasta alcanzar los niveles anteriores a la Gran Recesión, el índice de producción industrial en la provincia en mayo creció un 18,5% con respecto al año anterior, mientras que el acumulado en los cinco primeros meses del año suma 9,8%. La recesión en Álava fue más pronunciada entonces y la recuperación ha llegado más rápido que en el resto de la economía vasca, destacó Cimiano.
El diputado también explicó que considera un "error" que el Gobierno central mantenga a los entes forales en la categoría de entidad local de régimen común, algo que podría complicar las autorizaciones de endeudamiento a largo plazo. Los entes forales quieren que el Estado deje de tenerles ese epígrafe para recibir un tratamiento distinto a la hora de tener que reducir el déficit. "Tenemos más competencias que una administración local. Somos diputaciones, y al Estado le puede resultar chocante, pero también tenemos un apellido: forales", añadió Cimiano.
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