Faltaba la basura

Faltaba la basura. La que desde hace décadas trajina Ángel Fenoll, ese hombre turbio, condenado por tratar de camuflar que Luis Fernando Cartagena, ex alcalde de Orihuela y consejero dimitido de la Generalitat, había malversado la donación de unas monjitas. La de la operación Brugal, que ha envuelto al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, tres concejales oriolanos, un empresario ya involucrado en la trama Gürtel, el propio Fenoll y otros personajes, es la crónica de una historia anunciada. Una historia que, si bien ahora parece venir a sumarse a otros casos, ha estado ahí, ardiendo debajo de los vertederos y sus adjudicaciones, aunque la irresponsabilidad de los dirigentes del PP pretendiera que el tufo que desprendía les era ajeno.

Hace casi un año, esos dirigentes respiraban porque habían neutralizado la investigación por cohecho a su líder autonómico, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, destinatario, como otros altos cargos, de unos cuantos trajes regalados por Álvaro Pérez y su jefe Correa. Hoy Camps y el PP afrontan, no solo aquella acusación, en avanzado estado de instrucción, sino un voluminoso expediente de contrataciones amañadas con una trama parásita de la Generalitat que habría servido para vehicular la financiación ilegal de sus campañas electorales.

El único de los políticos del PP valenciano que ha perdido hasta ahora su cargo por el caso Gürtel, Ricardo Costa, expresaba en público hace dos años, en su condición de secretario general, el sentir del partido y deseaba a Cartagena, en trance de ingresar entonces en prisión, que pasara cuanto antes esa etapa de su vida. "Ha sido un gran alcalde y un gran consejero", sentenciaba sin el menor rubor.

Embarcado, como Camps, como Fabra, como todo el PP, como el Consell en pleno, en una huida hacia delante, Costa no podía imaginar lo que el futuro le deparaba. ¿O tal vez sí? ¿Qué imaginan nuestros gobernantes que ocurrirá durante estos diez meses que quedan hasta las elecciones? ¿Y después? "Los partidos pueden ser un problema si sus intereses no responden al interés democrático", comentaba hace unos días en este periódico Miguel Ángel Torres, juez del caso Malaya, que desarticuló la enorme red de corrupción del Ayuntamiento de Marbella. Torres pedía juzgados especializados y más medios para hacer frente a la corrupción en España.

En busca de una impunidad imposible, Camps y los suyos cabalgan hacia las elecciones autonómicas como si no existieran los jueces, los fiscales o los tribunales, confiados en una opinión pública que ha de absolverles. El miércoles pasado, en una comida con sus parlamentarios, el presidente de la Generalitat vaticinó una nueva victoria. Sería la quinta del PP, la cuarta por mayoría absoluta. Aquel obsceno apóstol de la corrupción que fue Jesús Gil ganó también cuatro mandatos por mayoría absoluta en Marbella. El fiscal pide hoy para el cerebro de su Administración, Juan Antonio Roca, 30 años de cárcel.