El juez levanta el secreto del 'caso Brugal' salvo para Ripoll

El juez Carlos San Martín, que instruye el caso Brugal -la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la Vega Baja- ha levantado parcialmente el secreto del sumario, que se ha mantenido desde que se inició la investigación en 2007. Al mismo tiempo, ha decidido inhibirse de parte de la causa por motivos de competencia territorial. Por ello, en el caso de las piezas del sumario que envía a otros juzgados, el secreto se mantiene hasta que sean asumidas por otros magistrados.

Ese es el caso de las diligencias que motivaron el arresto y posterior imputación del presidente de la Diputación y líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y del contratista Enrique Ortiz. Esta parte seguirá vetada a los abogados al menos 10 días, es decir, hasta que las acepte un nuevo juez instructor, según señala San Martín en un auto del pasado miércoles.

Las partes no podrán ver la causa hasta que el auto sea firme

La inhibición del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela afecta al menos a dos piezas del sumario y está recogida en un auto del pasado lunes que no ha trascendido. No obstante, fuentes del caso aseguran que unas de esas partes es la que afecta a la imputación de Ripoll, y está relacionada con la adjudicación del plan zonal de basuras de La Vega Baja, cuyas instalaciones quedaron en manos de Ortiz. Estas diligencias han sido enviadas al partido judicial de la ciudad de Alicante, donde se hizo la adjudicación controlada por Ripoll, imputado por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

La segunda pieza de la que se declara no competente el juez está relacionada con un supuesto soborno por la contrata de basura de la localidad murciana de Fortuna, y ha sido remitida a los juzgados de la población de Cieza.

En el auto del levantamiento parcial del secreto del sumario, el magistrado puntualiza que las partes no tendrán acceso a la documentación "en tanto no devenga firme la presente resolución", ya que caben recursos.

Para empezar, cabe uno de reforma en el plazo de tres días. Abogados de algunos imputados en la causa ya estudian esa opción. En cambio, Bernardo del Rosal, abogado de Ripoll, indicó que esperará a la decisión que adopte el nuevo juez que asuma la competencia de parte del caso. "Todo ello suponiendo que una de esas piezas separadas sea la relacionada con la presunta implicación de nuestro defendido, porque desconocemos el auto de inhibición del juez", explicó. "Si el nuevo juez no levanta el secreto o, como también pudiera ocurrir, tampoco acepta la competencia, entonces decidiremos qué hacemos", añadió. En el mismo sentido se expresó el promotor y dueño del Hércules, Enrique Ortiz: "Mis abogados no me han comunicado todavía nada. Yo estoy aquí en las obras de reforma del estadio Rico Pérez y tengo la conciencia muy tranquila".

La investigación judicial sobre esta trama comenzó en mayo de 2007 a raíz de un supuesto soborno por la contrata de la basura de Orihuela denunciada en marzo de 2006 por el industrial afín al PP Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción. Como consecuencia de esa investigación, a primeros de junio de 2007, Fenoll y cinco miembros de su cúpula empresarial fueron arrestados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. En la operación, los agentes se incautaron de decenas de grabaciones efectuadas por el empresario que contenían también supuestos sobornos por la contrata de la basura del plan zonal de la Vega Baja. La infraestructura, que se levantará en término de Orihuela, fue adjudica en enero de 2008 a la UTE integrada por Cespa y Ortiz e Hijos.

Con las grabaciones y nuevas escuchas, la investigación desencadenó la segunda fase de la operación el pasado día 5. Los agentes arrestaron a 11 personas, entre ellas Ripoll y Ortiz, y efectuaron 19 registros.