La oposición pide la intervención del Betis y la fiscalía la rechaza

Las tres asociaciones béticas opuestas a la gestión del ex presidente Manuel Ruiz de Lopera solicitaron ayer a la juez la intervención judicial del Betis para asegurar la continuidad del club. Tras la extensa declaración judicial del ex propietario del Betis, las acusaciones del caso pidieron la intervención judicial de las acciones de Lopera vendidas recientemente al empresario Luis Oliver, el nombramiento de un administrador judicial, así como el embargo de las cuentas de Lopera. Durante la vistilla tras la declaración, la fiscalía se opuso a todas las medidas solicitadas por las acusaciones. Ahora la juez decidirá si acuerda la intervención del club o sigue la tesis de la fiscalía.

Para la fiscal, las medidas cautelares deberían contar con un informe pericial

Una asociación solicitó también el embargo de las cuentas de Lopera

La declaración de Lopera, acusado de un delito societario por supuesto enriquecimiento ilícito, se prolongó durante seis horas. Tras su comparecencia ante la juez Mercedes Alaya, la oposición bética pidió las medidas cautelares que impidan la gestión del club prevista por Lopera, pero la fiscal las rechazó todas. El ministerio público argumentó que es necesario esperar a que termine el informe pericial para confirmar que la gestión de Lopera durante la última década ha supuesto un perjuicio para el Betis. Además, la fiscal solicitó que las acusaciones abonen una caución si desean permanecer en el caso. La juez Alaya decidirá en los próximos días si la garantía dineraria es necesaria y en ese supuesto su cuantía, así como sobre las medidas más contundentes solicitadas por las partes. Entre ellas, la imposición de un administrador judicial que decidiría los fichajes y decisiones vitales del club para la próxima temporada.

Lopera, después de 18 años de gestión al frente del Betis, acudió a los juzgados a las ocho de la mañana para evitar a la prensa y los detractores de su gestión, pero tuvo que esperar tres horas hasta poder iniciar su declaración. En su comparecencia, el ex propietario auguró un futuro negro al club sevillano y aseguró que, tras su salida del Betis, la situación será "calamitosa", según afirmó el abogado Adolfo Cuéllar, de la Liga de Juristas Béticos. Lopera ofreció un discurso apocalíptico, según el letrado, y dijo que la mala situación ya se está notando en el club. Además, el ex presidente acusó al perito que ha analizado las cuentas del club de ser "un antiloperista reconocido", según Cuéllar, que considera la reciente venta del club "una cortina de humo o una jugada para que vuelva todo el mundo a vitorearlo". Al finalizar su comparecencia, Lopera declaró estar "muy satisfecho y tranquilo por la versión de los hechos" ofrecida ante la juez Alaya.

Mientras, Cayetano García de la Borbolla, abogado de la asociación Por nuestro Betis expresó su sorpresa ante la oposición de la fiscalía a las medidas cautelares. "No entiendo el giro copernicano de la fiscalía. Parece como si no le interesara seguir con este procedimiento. La verdad es que estoy desconcertado", dijo a Europa Press. El ministerio público denunció inicialmente la gestión de Lopera por "descapitalizar" el club "en beneficio propio o de terceros" y "con abuso de su cargo como consejero delegado o administrador de hecho", si bien su denuncia ante la Fiscalía General del Estado sólo se refería a la gestión del club a partir de 1999.

En su declaración de ayer, Lopera se negó a comentar la conversión de la entidad verdiblanca en sociedad anónima deportiva, en 1992, además de mantener en todo momento que su labor ha sido beneficiosa para el club.

El informe pericial encargado por la juez cifró el perjuicio económico al club a través de su empresa Tegasa en 12,4 millones entre 1993 y 1999, mientras que la fiscalía, en contra de la opinión de la juez, estima prescrito dicho delito durante ese periodo. De momento la instrucción está a la espera del informe pericial del periodo entre 1999 y 2010. Los técnicos han pedido diversas prórrogas debido a la complicada instrucción, que sobrepasa las 10.000 páginas.

Durante la instrucción, la magistrada había pedido indagar incluso los contratos suscritos entre el Betis y las empresas controladas por Lopera, Tegasa y Encadesa, y retrotraer sus pesquisas a 1992, cuando el Betis se convirtió en sociedad anónima, por un supuesto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la Audiencia frenó la ampliación de la investigación.

El caso, iniciado en 2008 tras la denuncia de la fiscalía, dio ayer otro paso más con la comparecencia de Lopera. Pero la posible adopción de las medidas cautelares por parte de la juez instructora supondría un terremoto para el club, que esta temporada no logró el ansiado ascenso a Primera División, después de que el verano pasado la afición mostrara un rechazo mayoritario a la gestión de Lopera.