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Las promotoras acechan el futuro urbanístico de Xàbia

El urbanismo en Xàbia se ha convertido en un camino de espinas. A escasos días de la aprobación de un nuevo Plan General y después de tres años de suspensión de licencias, circunstancia que ha bloqueado la mayor parte de planes parciales pero ha dado luz verde a otros, la controvertida gestión urbanística de las dos últimas décadas ha provocado que el Ayuntamiento, gestionado por Bloc y PP, se enfrente a un carrusel de problemas que acarreará graves consecuencias económicas. Las promotoras presionan por todos lados. Por lo pronto, el Consistorio se ha visto obligado a pagar tras un requerimiento judicial dos millones a los propietarios de unos terrenos que, a pesar de ser incluidos en el PGOU vigente de 1990 como zona verde, no fueron expropiados.

El Ayuntamiento ha adelantado ese dinero como una especie de fianza exigida por el juzgado tras el pleito planteado por los dueños de la parcela, toda vez que ahora debe tasarse el precio real del suelo para calcular el coste de la expropiación. De hecho, los propietarios exigen una cantidad aún mayor, 30 euros por metro cuadrado. El problema reside en que, según los expertos, esa zona verde incluida del PGOU de 1990 ya no tenga sentido en el nuevo planeamiento, que supondrá cambios trascendentales en la planificación.

El nuevo Plan General debe por fin poner orden en el caótico urbanismo del municipio, pero tampoco está exento de problemas. En 2005, el alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort, ordenó la suspensión parcial de licencias y en 2007 la suspensión definitiva del planeamiento de 1990, lo que obligó a paralizar un PAI que se estaba tramitando en el Consistorio. Ahora, sus impulsores han presentado ante un juzgado contencioso de Alicante una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento debido a que la suspensión provocó un descenso en la valoración del suelo y exigen una indemnización de un millón de euros.

No obstante, si todo el sector del PAI quedara desclasificado en el nuevo PGOU, los daños a la mercantil se dispararían a ocho millones. Esta situación podría causar un efecto dominó, ya que hay más promotores en una situación parecida. Mientras, hace escasas fechas, el pleno dio luz verde en la playa del Arenal a un plan con 252 viviendas en el que tiene intereses el líder del PP, Juan Moragues, que es promotor inmobiliario y que por eso se abstuvo en la votación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de julio de 2010