La juez suaviza los controles a los acusados de un fraude millonario

Tan embrollado es el entramado del grupo empresarial Estación, acusado de un fraude millonario a Hacienda, como enrevesada y lenta la causa abierta hace ya más de seis años en el juzgado de instrucción número 1 de Padrón. Su titular, Berta Vidal Gallego, rechazó endurecer las medidas cautelares contra estas empresas y sus dos administradores, Santiago Montenegro y Carlos Mosquera, como pedía el fiscal así como el denunciante y ex socio del grupo, y levantó la intervención judicial de las tres sociedades investigadas por compraventas fraudulentas de gasóleo, falsas facturas y tener una contabilidad en dinero negro.

Sin embargo, se dieron cuenta a la juez de nuevos informes y datos que revelan actuaciones irregulares en el último año, similares a las detectadas durante el periodo 2002-2005 en esta causa, en la que ya hay una quincena de imputados, entre ellos un inspector de Hacienda en excedencia. Un capitán de la Guardia Civil, José Teijeiro, ha sido procesado paralelamente por un presunto cohecho por su implicación con este grupo empresarial de Padrón, en el que está acusado de haber ejercido de gerente durante 15 años y manejar su caja de dinero B.

La instrucción de la causa lleva más de seis años en el juzgado de Padrón

Hay 15 imputados, entre ellos un capitán de la Guardia Civil

El exhaustivo y demoledor informe pericial sobre las actividades del grupo (integrado por Talleres y Grúas Estación, Transporte y Grúas Estación y Servicios Estación) cifra en más de seis millones de euros la estafa entre 2002 y 2005, además de señalar hasta nueve delitos fiscales y societario para evadir impuestos con facturas falsas y sociedades "pantallas" para maquillar las cuentas, inflándolas con gastos ficticios para reducir los beneficios reales. Pero frente al fiscal que ve "una defraudación totalmente acreditada", la juez rechaza nuevas medidas cautelares y decide finiquitar la intervención judicial por "no concurrir presupuestos necesarios para mantenerla".

Vidal Gallego se ampara para esta decisión en una resolución de la Audiencia Nacional del pasado 21 de mayo. No obstante, el informe que emite tres días después el interventor judicial que estuvo durante nueve meses (de septiembre de 2009 a mayo de 2010) controlando la gestión de estas sociedades relata múltiples "incidencias", varias con "posibles implicaciones fiscales" o incluso "jurídicas", así como numerosas trabas, como negarse a remitir las cuentas para hacer "comprobaciones diversas" o "la gran demora por parte del grupo Estación en poner en funcionamiento la implantación del circuito establecido para el control del combustible".

La compraventa con facturas falsas de gasoleo jamás suministrado fue el detonante de esta trama, denunciada en 2004 por Serafín Montenegro, hermano y ex socio de uno de los administradores y también imputado en la causa.

El interventor judicial es cesado de sus funciones sin conseguir que los dos socios implantasen todos los controles exigidos para verificar la certeza del suministro de combustible. Y si el informe pericial descubre también múltiples fraudes en la adquisición de bienes o suministro de servicios hasta 2005, cuatro años después continuaron detectándose, alerta el interventor judicial, "en ocasiones" facturas no válidas "por inexistencia de sus correspondientes albaranes". Advirtió también, "por las implicaciones fiscales y jurídicas que pudiesen suponer, de la necesidad de revisar la situación y tratamiento que se viene dando a las retribuciones en especies de los administradores".

El interventor judicial precisa que durante los nueves meses que estuvo controlando el grupo Estación se reunió periódicamente con la juez, "dándole cuenta de sus trabajos y adoptando de modo conjunto las oportunas decisiones". Para la titular del juzgado de Padrón, las "incidencias" no son, sin embargo, suficientes para mantener la intervención judicial de las sociedades, según resuelve en un auto el pasado 2 de junio. Y menos endurecerla decretando la administración judicial del grupo, lo que supondría apartar de sus cargos a los dos administradores imputados, como reclamaba la fiscalía.