El juez rechaza las medidas que pidió ACS contra Iberdrola

La primera escaramuza de la batalla jurídica que libran Iberdrola y su primer accionista, el grupo ACS que preside Florentino Pérez, cayó ayer del lado de la eléctrica. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao rechazó las medidas cautelares que había solicitado el grupo constructor en la demanda que presentó el 8 de junio su filial Residencial Monte Carmelo y condenó en costas a la demandante.

En concreto, en el auto resolutorio conocido ayer, el juez deniega la suspensión del acuerdo que adoptó la junta de Iberdrola el 26 de marzo para ordenar el cese del consejero designado por ACS -José María Loizaga- y tampoco accede a suspender la decisión de reducir el número de consejeros de la eléctrica de 15 a 14 miembros. De igual forma, el auto rechaza la anotación cautelar de la demanda planteada por ACS en el Registro Mercantil.

El auto es recurrible y todavía no entra en el fondo de la disputa

La decisión del juez, contra la que cabe recurso, fue recibida por la compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán como un espaldarazo a las tesis que mantiene en el conflicto con ACS y que, por el lado de la eléctrica se pueden resumir en una frase: ni agua -y mucho menos un puesto en el Consejo- a un competidor en el negocio por muy accionista que sea.

Porque ese es el núcleo del conflicto y sobre el que el juez tendrá que pronunciarse en un futuro: si ACS compite o no con Iberdrola en renovables y en ingeniería. Según Iberdrola, el conflicto es claro y de entidad. Por el contrario, según ACS, el conflicto, si es que lo hay, es "accesorio y puntual". El juez no se pronuncia y solo apunta que ACS no ha aportado indicios probatorios suficientes de sus tesis.

ACS sostiene que el veto a entrar en el Consejo de Iberdrola, a pesar de ser su primer accionista con un 12,6% del capital, le supone un perjuicio económico importante, de hasta 4.000 millones, al impedir consolidar en sus cuentas su posición en la eléctrica. Las cuentas de Iberdrola son otras: según sus cálculos el impacto negativo que supondría abrir el Consejo a un competidor rondaría los 1.500 millones.

Las escaramuzas no han acabado. La próxima semana, en esta ocasión en los juzgados de Madrid, se verá la demanda planteada por Iberdrola contra ACS. El pleito se basa en que, según la eléctrica, el grupo constructor ha publicitado unas cuentas que no reflejan la situación real de la compañía al no recoger la pérdida de valor de algunas de sus participaciones, entre ellas la de la propia Iberdrola. En esta batalla concreta, ACS ya se ha apuntado un tanto. Bancaja -con presencia en el Consejo de Iberdrola y un 5,74% del capital- ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que contabiliza su participación en la eléctrica con criterios similares a los de ACS.