Ceremonia de confusión

El Partido Popular cargó ayer en tromba contra el operativo policial desplegado en Alicante y Orihuela el martes; exigió explicaciones al fiscal y al ministro del Interior; e invocó "el honor de las personas afectadas" con ánimo indignado.

Ricardo Peralta, delegado del Gobierno, replicó que toda la operación policial se "ajustó estrictamente a las instrucciones emitidas" por el Juzgado número 3 de Orihuela y deslizó que la respuesta del PP es "sistemática": "Cargar contra los organismos del Estado y no exigir nunca las responsabilidades que merecen la condición de imputado por un número significativo de delitos".

El juez imputa a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación y del PP de Alicante los delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho.

Paula Sánchez de León, portavoz del Consell, se ciñó ayer al guión descrito por Peralta cuando calificó la actuación policial de "esperpento", "espectáculo sobredimensionado" o "gran teatro".

Sánchez de León invocó "la integridad moral de las personas afectadas" frente a "una ceremonia de la confusión en la que los ciudadanos han tenido que oír hablar de detenidos, que luego nunca han existido, no hay detenidos en este caso; de incautación de dinero, que tampoco ha existido, salvo en los titulares; o de fianzas millonarias que luego no se han impuesto". "Merecemos una explicación del Ministerio de Interior", dijo Sánchez de León, "por las zonas oscuras que se han producido".

Rafael Blasco, portavoz del PP, acusó a la Fiscalía de usar "una doble vara de medir" y exigió explicaciones "a las más altas instancias del Estado".

Antonio Clemente, secretario general del PP, también atacó a la Fiscalía y reclamó que se explique "de forma clara y concisa" porque actúa contra cargos del PP y no contra otros responsables políticos como José Bono, presidente del Congreso de los Diputados.

El propio Bono replicó desde Aranjuez: "Hay que ser intransigentes con la ilegalidad y con la corrupción, pero también con los calumniadores".

Alfonso Rus, presidente provincial del PP de Valencia, aseguró que vivimos "en un Estado policial en el que le pinchan los teléfonos a los dirigentes del Partido Popular".

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, comentó en Valencia: "Más allá de lo que decidan los tribunales, no es un buen escenario el que transmite la sensación de que la corruptela está asociada a la función pública".

Miguel Ángel Pavón, portavoz de Esquerra Unida en Alicante, fue más directo: "La dimisión de Ripoll es inaplazable. No asumir responsabilidades es una irresponsabilidad".