Málaga y la Junta cierran cinco años de riña y conciertan el plan urbanístico

El pleno municipal de Málaga aprobará provisionalmente el próximo viernes el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la seguridad de que la Junta, a quien compete la aprobación definitiva, no le pondrá ninguna objeción, como ocurrió con el documento aprobado hace dos años, que ignoró los informes de impacto ambiental y vinculantes de otras administraciones, por lo que la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) lo rechazó. El acuerdo sellado el jueves por la tarde en Sevilla por el alcalde, Francisco de la Torre, y la consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, tiene verdaderamente un alcance histórico, y cierra cinco años de riñas y discrepancias desde que en julio de 2005 el consistorio aprobara inicialmente el plan.

De paso a Almería, donde tenía una reunión con el ministro de Fomento, Aguilar se acercó a Málaga para comparecer junto al alcalde y evitar el riesgo de que si éste explicaba solo el acuerdo pusiera más énfasis en las discrepancias, como ha ocurrido alguna vez. De hecho, De la Torre, antes de proclamar su "satisfacción con un acuerdo que significa la voluntad de las dos administraciones de sacar adelante un documento que no podía quedarse atrás más tiempo", y de agradecer "la postura de flexibilidad" de la consejera, no evitó reprochar a la Junta sus decisiones pasadas y que no consensuara el plan del área metropolitana

El pacto permite además que el consistorio retire los aspectos del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) que tenía impugnados en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sólo litiga ya porque se permita la construcción al norte de la ronda este de circunvalación, prohibición en la que la Junta se mantiene firme para proteger el entorno del parque natural de Los Montes de Málaga y por el elevado riesgo de erosión de un terreno con fuertes pendientes.

El Ayuntamiento ha cedido finalmente en el escollo más complicado de resolver, la compensación a los propietarios de Arraijanal, el último suelo sin urbanizar junto a una playa en todo el término municipal. Aceptado a regañadientes que el suelo fuera reservado para parque en el Potaum, cuando el consistorio proyectaba una urbanización con 700 viviendas, De la Torre trató de forzar la máquina para que la Junta pagara el suelo. Pero finalmente ha accedido a calificar el suelo como sistema general e incluir en el área de reparto del plan las compensaciones en suelo y edificabilidad a los propietarios.

Para encajar estas cesiones, el consistorio dibuja más edificabilidad en algunos de los nuevos suelos a desarrollar al oeste de la ciudad y gana además suelo urbanizable que en principio la Junta rechazaba en las proximidades del río Campanillas.

La Junta se ha comprometido a pagar el 50% de las expropiaciones necesarias para la ampliación del parque fluvial del Guadalhorce (277.000 metros cuadrados), y para el encauzamiento del Campanillas (565.000 metros cuadrados). Para facilitar el acuerdo, la administración autonómica ha renunciado a la construcción de un puerto seco en Santa Rosalía Maqueda, uno de los aspectos del Potaum impugnados por el consistorio. La consejera explicó el cambio para dar satisfacción a las reivindicaciones de los vecinos.

"Plenamente satisfecha" porque "el diálogo institucional nos ha permitido tener lo que todos queríamos", la consejera anunció que la Junta no agotará el plazo de cinco meses que tiene para la aprobación definitiva y lo "agilizará al máximo".