El Constitucional de Turquía recorta las reformas de Erdogan

El Tribunal Constitucional turco volvió a dar ayer una bofetada política al Gobierno neoislamista del primer ministro Recep Tayyip Erdogan al recortar uno de sus principales programas de reformas. Los jueces del Alto Tribunal se han negado a hacerse el harakiri al anular parte de las enmiendas a la Constitución aprobadas en mayo por el Parlamento, entre ellas las que suponían una amplia remodelación del Consejo del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional, copados por el aparato laico del Estado. El resto de los artículos no anulados serán sometidos a referéndum el próximo 12 de septiembre.

La reforma del sistema judicial -necesaria según Erdogan para profundizar en la democracia y acercar Turquía al modelo legislativo de la Unión Europea- era la piedra angular del conjunto de reformas constitucionales trabajosamente aprobado por el Legislativo con una mayoría cualificada de tres quintas partes de los votos. El Constitucional turco ya anuló en 2007 una reforma de Erdogan para autorizar el uso del velo islámico en las universidades. Al año siguiente y por un solo voto de diferencia del Constitucional, el partido del primer ministro (que obtuvo el 47% de los votos en los últimos comicios) se libró de ser ilegalizado después de que el fiscal general le acusara de atentar contra los principios del Estado laico.

Los magistrados se niegan a hacerse el haraquiri y cambiar el poder judicial

En una comparecencia inusual en Ankara por la tardía hora, el presidente del Tribunal Constitucional, Hasim Kilic, anunció pasadas las 20.30 (una hora menos en la España peninsular) que los magistrados habían rechazado también el recurso presentado por el Partido Republicano del Pueblo, el principal de la oposición laica, contra la reforma constitucional.

Un portavoz del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), liderado por Erdogan, afirmó poco después que la decisión del Constitucional "ha menoscabado la autoridad del Parlamento". Otro alto responsable del partido en el poder descartó, sin embargo, la convocatoria de elecciones anticipadas como respuesta del Gobierno al fallo.

En su argumentación, el Constitucional dijo encontrar "contrarios a varios principios inmutables de la Constitución [aproba-da tras el golpe militar de 1980], entre ellos el de la independencia del poder judicial", los artículos de la reforma que reformaban la composición del Tribunal Constitucional y del Consejo Superior del Poder Judicial para poder permitir la elección de algunos de sus miembros por el Parlamento en lugar de ser cooptados, como ahora, entre magistrados.

El Constitucional mantiene los demás artículos -entre otros, los que tratan de la introducción de la figura del Defensor del Pueblo y otorgan mayor protección jurídica a mujeres y niños- para que sean sometidos al voto de los ciudadanos en septiembre.