La Xunta oculta al Parlamento el aval jurídico para legalizar Barreiros

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que preside Agustín Hernández, oculta desde hace dos meses el preceptivo informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que debía avalar el polémico convenio de Barreiros, por el que el Gobierno gallego, la Diputación de Lugo que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro, y el ayuntamiento de A Mariña, pretenden regularizar más de 3.000 viviendas paralizadas por el bipartito cuya legalidad cuestionan la fiscalía y un juzgado de Lugo.

El PSOE a través de su diputado Ismael Rego ha utilizado todos los cauces posibles para acceder al preceptivo dictamen que debe avalar cada acuerdo del Consello de la Xunta. El último, una petición de amparo a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, para que solicite la documentación a la Xunta.

Antes, el parlamentario socialista lo había pedido a través del cauce reglamentario de la Cámara a la consellería y tanto él como su compañera de escaño y ex conselleira de Política Territorial, María José Caride, lo solicitaron a la actual secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, en sendas comisiones que se celebraron en el Parlamento. Rivas guardó silencio en la Cámara cuando ya había expirado el plazo legal de la Xunta para facilitar información al diputado. Cuando contestó por escrito, el departamento de Hernández alegó que no puede facilitar la documentación requerida, puesto que "no se trata de ningún acuerdo adoptado por el Consello de la Xunta, sino de informes internos destinados a la deliberación de los miembros de dicho órgano colegiado sobre la conveniencia de autorizar la firma del convenio".

Dicho de otras palabras, la Xunta se ampara en el secreto de las deliberaciones del Consello de la Xunta para no facilitar un informe de la Asesoría Xurídica que, por fuerza, debe ser público, tal y como lo demuestra que en esta misma legislatura otros conselleiros han facilitado dictámenes similares no sólo al Parlamento, también a los medios de comunicación.Es el caso del titular de Presidencia, Alfonso Rueda, que entregó copias a los grupos y la prensa de un informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta para "demostrar" que la actual composición del Gobierno es paritaria y por tanto cumple con la Ley de Igualdad, algo que debe dirimir el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras una denuncia de los socialistas.

A la vista de las negativas de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, el diputado Ismael Rego pide el amparo por parte de la Presidencia del Parlamento de Galicia, "para evitar la conculcación" de su "derecho fundamental a la información y la participación pública, y que reitere y resuelva de conformidad a tal derecho la solicitud realizada de información y documentación relativa a los informes utilizados por el Gobierno gallego en relación al convenio urbanístico de Barreiros".

Fuentes del departamento de Hernández insistieron ayer en que los informes que pretende consultar el PSOE (los de la Asesoría Xurídica y la Intervención de la Xunta) son documentación interna para deliberación del Gobierno y que como tal, deben permanecer en secreto. No obstante, admiten que si finalmente la presidenta del Parlamento los solicita (algo que Pilar Rojo decidirá previsiblemente esta mañana) consultarán a los servicios jurídicos de la Xunta si están obligados a facilitar esa documentación.

El convenio de Barreiros estuvo rodeado de polémica desde el principio al pretender regularizar con un plan supramunicipal el controvertido urbanismo de este municipio. La aprobación de las licencias de los edificios que se pretenden legalizar motivó una denuncia de la fiscalía contra el alcalde popular de Barreiros, Alfonso Fuente Parga.