Los empresarios prefieren recurrir al despido más caro en plena crisis

Comisiones Obreras calienta motores para la huelga general, convocada para el próximo 29 de septiembre. Ayer hizo público un estudio que analiza las causas de despido en Galicia durante los últimos diez años para intentar demostrar que no hace falta más flexibilidad laboral de la que ya hay. El documento llama la atención sobre que un dato estadístico: el 60% de los 256.694 despidos que se han producido en esta década han sido exprés. El año pasado suponen el 77% de los 48.768 registrados. Esto significa que las empresas reconocen inmediatamente el carácter improcedente del acto y depositan la indemnización a favor del trabajador, que en la mayoría de los casos es de 45 días por año trabajado, antes de que un juez les obligue.

Casi 50.000 personas vieron cómo en 2009 se terminó su contrato

"Se despide demasiado y por poco dinero", asegura Comisiones

Para la secretaria de Emprego de Comisiones Obreras, Maica Bouza Seoane, "el dato es muy llamativo, sobre todo cuando tienen a su alcance otras fórmulas". Esas otras fórmulas están, por ejemplo, en los Expedientes de Regulación de Empleo, que sólo se utilizan en el 5% de los casos. La fórmula se usa para la extinción de seis o más contratos de trabajo y establece una indemnización por año de 20 días, pero obliga a cambio a la firma a justificar documentalmente la situación y someterse al dictamen de la autoridad laboral: "Es ahí cuando las empresas prefieren no dar explicaciones". En los años 2008 y 2009, con la crisis ahogando la cuenta de resultados de muchas pymes, el despido exprés, el más caro, es el que más crece.

"Puede parecer que en nuestro país todavía no se ensayaron políticas de flexibilidad del despido, pero la historia del derecho laboral está salpicada de reformas que permitieron la relajación de los derechos en los procedimientos y de la cuantía de las indemnizaciones", dice CC OO. Según el Ministerio de Trabajo, en esta década se han producido 256.694 despidos que han afectado a tres de cada diez trabajadores. Casi el 20% del total se produjo en 2009, con la crisis instalada. "Se despide mucho, demasiado, y por poco dinero", dice el estudio de Comisiones. Las empresas terminan la relación laboral con sus contratados fijos "tanto en años de crisis como en fases de fuerte expansión", y empiezan por las personas cuya indemnización les resulte más económica, como los que llevan menos tiempo en la empresa. Sólo así se explica que, en los últimos cinco años, el coste medio de la extinción laboral haya caído de los 15.189 euros a los 11.549, equivalentes a poco más de cinco meses de salario medio, según los datos del INE. Eso significa que desde que comenzó la recesión, las sociedades gallegas se han gastado 180 millones de euros en despidos institucionales, es decir, los que se tramitan por el servicio de mediación (SMAC) y por los juzgados de lo social. En comparación con otras comunidades, Galicia tiene una de las menores cuantías de indemnización: "Es casi la mitad de la media española y la tercera parte de la que se paga en Madrid. Es una cifra realmente baja y explica en buena medida el recurso abusivo a despedir que tienen las empresas gallegas", dicen desde el gabinete económico del sindicato.

Aportando datos complementarios, el estudio calcula que el coste real de despido en una empresa mediana o pequeña es inferior a los 8.000 euros de media en Galicia.

Esta cascada de datos no oculta otra senda de extinción laboral, si cabe mucho más silenciosa y dramática, que parte de la propia dinámica del mercado laboral. No constan en las estadísticas, pero el año pasado casi 50.000 personas vieron en Galicia que no se les renovaba el contrato temporal. "Si se tiene en cuenta que había 899.000 asalariados, de las que 240.000 tenían un contrato temporal, y que se realizaron 684.000 contratos eventuales, se deduce con claridad la gran flexibilidad en el ajuste de cuadros de personal". Sumados a los ceses y las jubilaciones, la no renovación de los contratos se ha convertido en el mecanismo más poderoso para romper la relación laboral entre empresa y trabajador. Eso sí, sin coste económico.